miércoles

Esto no da para más (de nuevo)

Patricio Navia
Porque no es la primera vez que hace esa advertencia y porque tampoco es la primera que envía al Senador Adolfo Zaldívar al Tribunal Supremo, más que anunciar el fin de un conflicto que enfrenta a las dos facciones del PDC, el ultimátum de la presidenta del PDC despierta dudas sobre la capacidad de conducción de la propia Alvear. Si el PDC no expulsa a Zaldívar, las aspiraciones presidenciales de Alvear serán historia. Mucho más que definir la suerte de Zaldívar, que hace rato anda haciendo méritos para la expulsión, la decisión de Alvear de asumir el quiebre del partido constituye el comienzo de su propia travesía por el desierto. Si sale airosa, mejorará sus opciones presidenciales. Pero si ahora retrocede o no consigue que el PDC la respalde en esta difícil decisión, ella será la principal víctima de este enfrentamiento.
Cuando a comienzos de mayo Soledad Alvear advirtió por primera vez que "esto no da para más" y que no era el momento de darse "gustitos personales", Alvear ya tenía en mente al díscolo Senador Zaldívar. En una disputa que ha adquirido ribetes de historieta de Supermán y Lex Luthor (donde ambos se ven en el rol del superhéroe), los dos líderes del PDC se han enfrascado en una disputa cuyos orígenes nadie entiende bien pero cuyo desenlace es inevitablemente fatal. El inestable empate histórico en la correlación de fuerzas tiene al PDC en una guerra civil. Ahora Alvear ha anunciado que prefiere quebrar al partido que mantener la confrontación.
Por eso, Alvear movió pieza, solicitando la expulsión del Senador Zaldívar. Si el Tribunal Supremo accede, la expulsión de Zaldívar gatillará el quiebre del partido. Si, para evitar el quiebre, el TS decide contra la expulsión, Alvear tendrá que renunciar, sus aspiraciones presidenciales quedarán enterradas, y el PDC seguirá en empate permanente ente las dos facciones.
Zaldívar entiende que tiene pocas posibilidades de éxito fuera del partido del que se siente mesiánico guardián ideológico. Por eso, optó por poner todas sus cartas sobre la mesa, acusando a Alvear de estar coludida con la corrupción. Al mencionar a Ferrocarriles del Estado, donde uno de los principales ejecutivos era el concuñado de Alvear, Zaldívar ha decidido sacar toda la ropa sucia a la palestra. Ante la idea de ser expulsado del PDC, Zaldívar prefiere que no haya más PDC. Por eso, está dispuesto a dar una pelea que puede terminar con el partido.
Algunos honorables DC ilusoriamente quieren evitar la guerra. Sin entender que la guerra civil lleva años, hacen tardíos llamados a la paz. Pero las aspiraciones presidenciales de Alvear dependen ahora de la expulsión de Zaldívar y de la capacidad de la senadora para evitar que el PDC muera con el quiebre, ya sea porque demasiados camaradas siguen al expulsado líder o porque Zaldívar logra instalar la idea de que los que se quedan son los que comulgan con la corrupción que hace rato también está demasiado asociada con el partido de la flecha roja.

viernes

Conmigo, otro Transantiago cantaría

Patricio Navia

Demostrando excesiva seguridad de que la gente valora su legado como presidente, Lagos envió una carta a la comisión investigadora del Transantiago sugiriendo que, de haberse mantenido él en la presidencia, otro gallo cantaría. Pero ya que el dejó La Moneda, tuvimos un Transantiago desastroso. Lagos usó la carta para alegar que ningún otro político chileno puede arrogarse su experiencia y sus éxitos en gestión.

La crítica a Bachelet es evidente. Lagos no lo pudo haber dicho más claro, de haber estado él al mando, el desastre del Transantiago no habría ocurrido. Lagos señaló, "hasta Marzo de 2006, que es hasta cuando me corresponde abarcar en este informe, las medidas estaban tomadas." También dejó entrever que, así como lo hizo frente a la reforma procesal penal y la jornada escolar completa, él hubiera ido al Congreso a solicitar una postergación del Transantiago. Los errores de implementación, que los asuman otros. Por cierto, Lagos también demostró habilidad política al asumir la paternidad del proyecto. Al hacer declaraciones ahora, cuando ya se empieza a ver la luz al final del túnel, Lagos se identifica con el espíritu" del Transantiago, volviendo a poner sobre la mesa su agenda de reformas modernizadoras.

Esta carta no caerá bien en La Moneda. Hay críticas implícitas a la Presidenta y a sus decisiones políticas. Lagos se extiende en detalle aclarando algunas de las falencias de implementación del Transantiago. Desde la insuficiente cantidad de puestos de ventas de tarjetas bip! hasta la necesidad de haber invertido más en infraestructura antes de lanzar el Transantiago, la carta presenta una larga lista de críticas a lo que se hizo y dejó de hacer en 2006. Mientras él fue presidente, las cosas se estaban haciendo bien. Gallardamente, Lagos asumió la responsabilidad política. Pero le pasó la responsabilidad de la implementación durante 2006 a Bachelet. En resumidas cuentas, sugirió que, en su primer año, el gobierno de Bachelet simplemente no dio el ancho frente a la magnitud del desafío.

Aunque pudiera sentir el instinto de acusar a Lagos de femicidio político, la Presidenta tendrá que ser cuidadosa en preparar una respuesta. Ya que nunca se atrevió a matar a su padre político (incluso nombró al hijo de Lagos vocero del gobierno), es poco lo que Bachelet puede hacer ahora. En su carta, Lagos habló como jefe de estado (y como candidato presidencial). Nada de bacheletismo ni de cercanía con la gente. La carta ni siquiera menciona al gobierno actual. Lagos sólo se centra en destacar la eficiencia y en el buen gobierno. Es más, para ganar legitimidad, sugirió que, de no asumido el desafío de una reforma al sistema de transportes, él no hubiera estado "a la altura de lo que el país y la ciudadanía esperan de sus gobernantes." En otras palabras, lo haría todo de nuevo. Y, si él­y no Bachelet­hubiera estado al mando, las cosas habrían salido bien.

Chile: ¿cómo hacemos para ser izquierdistas?

JP SANCHEZ - ALAN ESPINOZA - CAROLINA ALEGRIA

Todos queremos ser izquierdistas, ¿pero cómo hacemos para serlo?

Ésta es la pregunta que parece afligir al Gobierno de Michelle Bachelet, que recientemente ha visto bajar sus índices de apoyo en las encuestas a un 39%. La cifra recoge fundamentalmente la insatisfacción que sienten los santiaguinos por la desastrosa implementación de un ambicioso plan de transporte urbano que ha dejado a la gente expuesta a horas de espera, a caminatas por calles peligrosas, a ausentismo laboral, o simplemente a viajar en los apretujados buses como un animal rumbo al matadero.

La imprecisión en identificar a los culpables de este mal servicio ha irritado a la ciudadanía de la capital, que ve con escepticismo cómo los funcionarios escabullen las responsabilidades o las remiten a funcionarios de administraciones pasadas. La gente pide una solución urgente para poder movilizarse y le interesa poco saber si el culpable fue quien diseñó el sistema de transporte que no funciona, o quien lo implementó. En ambos casos, son los Gobiernos de la Concertación de centro-izquierda que gobierna en Chile desde el retorno de la democracia en 1989 los que se sientan en el banquillo de acusados. Y de esta grave situación debiera estar aprovechando la oposición de centro-derecha, llamada aquí "La Alianza", para ganar adeptos.

Pero las mismas encuestas que magullan la popularidad de Bachelet no dan cifras nada auspiciosas para la derecha. Antes bien, la población marca un distanciamiento fuerte con ambos conglomerados políticos. En un momento de la historia del país -y acaso del mundo occidental- donde las fronteras entre derecha e izquierda son difusas, la gente se siente confundida y le resta adhesión a los políticos.

El tema no tiene urgencia, pues las elecciones municipales son en Chile el próximo año, y las presidenciales, recién el 2009. Pero que un cúmulo de candidatos eventuales de ambas coaliciones ya esté haciendo campaña habla de una cierta debilidad de la imagen de Michelle Bachelet como conductora "política". Entre comillas va el término "política", porque la credibilidad hacia las buenas intenciones de la gobernante es enorme. Todo el mundo le tiene simpatía, y acaso eso explica que las encuestas no la castiguen aún más.

Si el tema del sistema de transporte pareciera ser sólo un asunto de la capital, también las regiones del país, del norte al extremo sur, se encuentran alteradas, pues muchos fondos que deberían ir para fomentar el desarrollo de las provincias se destinan a parchar malamente el transporte en la capital. Los provincianos sienten que están "subvencionando" a los capitalinos.

Pero, en fin, lentamente, el transporte muestra señas de recuperación y puede ser que de aquí a un año esté funcionando de maravilla. Probablemente entonces las nuevas encuestas eleven la figura de Bachelet y sus ministros, y deje a la Concertación en mejor pie para las
elecciones que habrá el 2008 y el 2009.

La crisis del transporte hace evidente la frustración de la gente y también destapa un cierto clima de insatisfacción generalizado donde los trabajadores tienen la sensación de que el éxito de Chile como país exportador, con opulentas arcas fiscales gracias, entre otras exportaciones, a los miles de millones de dólares que Chile ha conseguido vendiéndole cobre a China, no se derrama en sueldos dignos para ellos.

¿Qué es un sueldo digno en Chile? El honorario básico de un trabajador es tan bajo que mis lectores españoles abrirán espantados los ojos. Ronda apenas los 200 euros mensuales. Y si bien los distintos gobiernos de la Concertación centro-izquierdista muestran notables cifras de reducción de la pobreza, y un macizo esfuerzo para beneficiar a la población en salud, vivienda y educación, persiste la impresión demoledora de que la riqueza en Chile está brutalmente mal distribuida y que los economistas tienen más puesto el corazón en los temas de equilibrios macroeconómicos que en aliviar las necesidades de la gente.

La percepción de que los políticos y empresarios son indolentes a estos apremios fue tan grande que hace pocas semanas un incidente detonó en Chile lo que estaba tapado por distintos tipos de retóricas: la Iglesia católica, a través de su portador, el obispo Alejandro Goic, llamó a los poderes chilenos a establecer ya no un sueldo mínimo, sino un sueldo "ético". E incluso le puso una cifra: 250.000 pesos. Algo así como 370 euros mensuales.

El noble obispo Goic recibió fuego granado e irónico de los economistas, y frases tiernas y evasivas de los políticos. Pero que la Iglesia, para usar un término futbolístico, pusiera en movimiento el balón, excitó la capacidad dormida de movilización de los chilenos, y, tras mucho tiempo de calma, se ha vuelto a ver efervescencia social en las calles del país.

Esto culminó el 29 de agosto, cuando la Central Unitaria de Trabajadores convocó a protestas en las calles. El Gobierno no las autorizó, pero las protestas de todos modos se hicieron. No faltaron los actos de vandalismo, ni tampoco las conductas sorprendentes de algunos políticos de la coalición gobernante, que se solidarizaron con los manifestantes "contra" su propio Gobierno.

Conclusión: ¡alarma roja! Varios políticos quieren perfilarse ante el pueblo como de "más izquierda" sembrando la polémica y la división entre las fuerzas gobernantes.

Un senador de origen popular, Alejandro Navarro, fue golpeado brutalmente por un policía, y las imágenes del político con la cabeza sangrando rumbo al hospital subieron la temperatura de los insatisfechos chilenos. Según un entretenido observador, también esa cabeza sangrante habría hecho subir el rating del senador algunos puntos en su improbable carrera hacia la presidencia de 2009.

Si la activa Iglesia chilena habló por imperativo ético, es porque percibe que hay una insatisfacción ya no sólo soterrada en Chile, sino muy expresiva, que a mediano plazo puede vulnerar el exitoso, aunque poco sensible, modelo de desarrollo.

¡Menuda encrucijada en la que se encuentra Chile: próspera economía con dramática desigualdad social, amplia riqueza que no va a dar al desarrollo de los pobres con la urgencia que éstos necesitan, sino al ritmo pusilánime de los equilibrios macroeconómicos, deterioro de la imagen de los políticos que hace que no cosechen "futuro" ni gobierno ni oposición!

Curioso momento: se esperaba que Michelle Bachelet fuera más izquierdista que sus predecesores, el demócrata-cristiano Eduardo Frei y el socialista Ricardo Lagos, pues partió con mayoría en la cámara de diputados y de senadores que le auguraba un rápido tranco en la aceleración de leyes que beneficiaran a los pobres y ratificaran el "Humanismo socialista" de la mandataria. Pero a poco andar, algunas figuras parlamentarias del bloque gobernante se desgajaron de él hacia una independencia crítica y la mayoría se ha vuelto inestable e impredecible.

¿Cómo es el amor en los tiempos del cólera? ¿Cómo se puede ser izquierdista en los tiempos de la beatificación mediática del neoliberalismo?

O, puesto de otra manera: ¿se puede ser socialista sin que se enojen los empresarios y los políticos socialistas? Al parecer, en el Chile de Bachelet, esta inocente pregunta no tiene por el momento respuesta.

¿Quién quiere sufragio universal?

Patricio Navia
Capital, #211, agosto 24, 2007
De no mediar una reforma al sistema de inscripción electoral, las presidenciales de 2009 tendrán la participación más baja de los últimos 50 años. Por eso, independientemente del debate sobre la obligatoriedad del voto, el Estado debería automatizar el sistema de inscripción o al menos modernizarlo.
Desde comienzos del siglo XX, la participación electoral aumentó sostenidamente en Chile. Para la elección presidencial de 1920, participó un 9,1% de la población en edad de votar (PEV). En 1942 ya votó un 17,4%. Después de que las mujeres adquirieron el derecho a voto en 1949, la participación alcanzó a un 29,1% en las presidenciales de 1952. Para la elección de Alessandri en 1958, llegó al 33,8%. La contienda presidencial de 1964 atrajo a un 61,6% de la PEV. En la presidencial de 1970, participó un 56,2%. Y en las parlamentarias de marzo de 1973, un 69,1%. Después que el plebiscito de 1988 convocara a un 90% de la PEV, la participación electoral ha mostrado una tendencia sostenida a la baja. Si bien la participación sigue siendo alta respecto al padrón (88% en las presidenciales de 2005), muchos chilenos no están inscritos en el padrón.
El número de inscritos se ha mantenido estable desde el retorno de la democracia. En 1993, había poco más de 8 millones de empadronados. Ya que había una PEV de 9 millones, el padrón incorporaba al 90% de la población con derecho a voto. En 2005, había 8,2 millones de inscritos y una PEV de 10,6 millones, por lo que el padrón incorporaba sólo al 77% del universo. Lo más probable es que pocos chilenos se inscriban para votar entre ahora y 2009, por lo que el padrón electoral probablemente sólo llegue a unos 8,5 millones de electores. Pero, de acuerdo a las estimaciones del INE, habrá 12,1 millones de chilenos mayores de 18 años en 2010. Esto quiere decir que, para el bicentenario, uno de cada tres chilenos en edad de votar no estará inscrito en el padrón.
Si adicionalmente consideramos que la abstención alcanza a poco más de 10% de los inscritos y que un 7% de los que participan anulan o dejan su voto en blanco, podemos anticipar que aproximadamente un 40% de todos los chilenos en edad de votar se habrá marginado de los próximos comicios. Ya sea porque no se inscriben, porque estando inscritos no votan o porque anulan o dejan en blanco su voto, dos de cada cinco chilenos no votará en 2009. Quien quiera gane, habrá llegado a La Moneda con el apoyo de un 25-30% de la población en edad de votar.
Chile tiene un peculiar padrón electoral. La votación es obligatoria para los inscritos. Pero inscribirse es opcional (y cuando uno se inscribe, ya no se puede salir más). Como la mayoría de aquellos en edad de votar en 1988 se inscribieron, casi todos los mayores de 40 años estarán inscritos en 2009. Los que cumplieron 18 después del plebiscito tienen tasas de inscripción mucho más bajas. Una mayoría de ellos no está empadronada. Para poder inscribirse, hay que viajar, literalmente, al siglo XIX. El mal financiado Servicio Electoral no posee ni la tecnología ni la facultad legal para modernizarse. Es mucho más difícil inscribirse para votar que hacer la declaración de impuestos. Como si eso fuera poco, el padrón se cierra 90 días antes de la elección. Cuando la gente recién empieza a poner atención a las campañas, ya no hay posibilidad de inscribirse.
La Concertación sabe que este padrón truncado les beneficia. Mientras el grueso del electorado todavía esté marcado por el plebiscito de 1988, la Concertación podrá seguir gozando de supremacía electoral. Por eso, cada vez que alguien sugiere actualizar el sistema de inscripción, los concertacionistas transforman una propuesta de modernización del Estado en un debate moral sobre la obligatoriedad del voto. Incomprensiblemente, la Alianza tampoco parece interesada en contribuir a dejar atrás el efecto plebiscito de Pinochet. Si bien la Alianza hace grandes esfuerzos por renovarse, el mercado de votos donde no tiene desventaja frente a la Concertación no es parte del universo electoral. La mayoría de los menores de 35 años, mucho menos marcados por el complejo legado de la dictadura, presumiblemente estarían más dispuestos a votar por la Alianza. Pero ni siquiera están inscritos.
Nada de esto es nuevo. En noviembre de 2002 en una columna en Capital alegué que uno de cada cinco chilenos no estaba inscrito. Hoy es uno de cada tres. Mientras seguimos enfrascados en debates teóricos sobre la obligatoriedad del voto, se debilita el sufragio universal y, por consiguiente, se erosiona la principal base de la democracia representativa.

miércoles

La Modernización de la Política (II)

En la segunda parte y final de su Informe, Carlos Huneeus menciona como el principal talón de Aquiles chileno para la reforma de la política y los partidos las peligrosas relaciones entre el poder económico y el poder político. Este fenómeno no sólo se encarna en Sebastián Piñera, sino en la capacidad de los grandes empresarios para influir en el sistema político, en el congreso y los municipios. A juicio del autor, la Concertación no puede ni debe ser una alternativa conservadora o neoconservadora: ese papel lo cumple adecuadamente la derecha. La Concertación, por el contrario, debe practicar el pluralismo y el disenso; debe recuperar la capacidad de plantear ideales y fe en tareas superiores, alejándose de la actual visión economicista, tecnocrática y “presupuestarista”. En caso de seguirse postergando a los trabajadores y el término! de las desigualdades se podría ocasionar serias consecuencias posteriores. Los políticos de la Concertación, si quieren acercar la política a los chilenos, deben volcarse hacia éstos y mirarlos a la cara, comunicándose con ellos en el lenguaje que entiendan.

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5. La sobrevaloración de la economía y de los empresarios ha llevado al principal talón de Aquiles que tiene nuestro país: las peligrosas relaciones entre el poder económico y el poder político, cuya cercanía es dañina para la democracia. Ello no se reduce sólo a Sebastián Piñera (SP), recientemente sancionado por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) por su compra de un paquete de Lan, empresa de la cual es el principal accionista y es director. Abarca una tendencia amplia y corrosiva, que se expresa en la capacidad que tienen grandes empresarios de influir en el sistema político, en el congreso y los municipios. Continúan con su poder de atraer a altos funcionarios cuando abandonan el gobierno para asumir como directores de empresas o como asesores o consultores. Este es un problema que tiene que ser enfrentado ahora con fuerza y los políticos de la Concertación deben dar el ejemplo, inhibiéndose de aceptar invitaciones que impiden que exista una necesaria separación entre los negocios y la política. ¡No se puede servir a dos señores!

La política tiene costos que deben ser asumidos por la democracia. Los ministros deben tener ingresos después que dejan su cargo para que no tengan que pitutear con las empresas. Esto se da en los países europeos y también en el Uruguay. No hay motivo para que no exista en Chile.


La Clara Demanda por Igualdad

6. Las críticas de los chilenos hacia los políticos y el funcionamiento del sistema económico son muy directas respecto de las desigualdades, nuestro segundo talón de Aquiles. Cuando los obispos denunciaron “las escandalosas desigualdades” recibieron un amplio respaldo, incluso en la derecha. Sin embargo, ello no se tradujo en políticas para disminuirla. Hasta se ha recurrido a un argumento reaccionario (en la definición de Albert Hirschman) de que ellas vienen desde el imperio español, es decir, poco o nada se puede hacer para disminuirlas. Es el argumento de la futilidad que dice Hirschman: nunca se ha podido corregir una institución, ergo, no cabe sino tolerar su existencia. Qué argumento más derrotista y absurdo. ¡Hasta hace un par de décadas se usó ese argumento contra el voto de la mujer, pues no habían votado durante siglos!

La demanda por mayor igualdad en los chilenos es muy clara, más fuerte en los últimos años, porque hay presidentes de izquierda y se esperaba que en sus gobiernos se hubieran dado pasos decisivos en esa dirección.

Ante la opción planteada por el Estudio Mundial de Valores entre el valor de la libertad y el de la igualdad –opción que se puede discutir, por cierto-, las respuestas han tenido una sostenida evolución en contra de la libertad y a favor de la igualdad. Si en 1990, las respuestas eran relativamente similares, 49% optaba por la libertad y 47% por la igualdad, en la siguiente medición de 1995 se produjo un pequeño cambio, cayendo los partidarios de la igualdad al 38%, permaneciendo constantes los que preferían la libertad (51%).

En la siguiente del 2001, los resultados daban cuenta de una realidad muy distinta, pues se invirtieron las opiniones: una clara mayoría optó por la igualdad (58%) y la minoría (37%) por la libertad. Este resultado fue confirmado en cada una de las mediciones anuales que hemos hecho. Subieron en el 2005 al 72% los partidarios de la igualdad, hubo una cifra similar el 2006, y llegó al 76% en el 2007.

Las preferencias a favor de la igualdad son compartidas por los votantes de todos los partidos, por hombres y mujeres y por ricos y pobres. Esto no quiere decir que los chilenos quieran renunciar a la libertad y retornar al autoritarismo, sino que dan cuenta del contundente rechazo a las desigualdades.


Poco Trato con la Política

7. Las dificultades que enfrenta la política para modernizarse no derivan sólo de la triple reducción antes analizada, sino también de un problema institucional de envergadura: el presidencialismo es poco amistoso con los partidos y las elecciones, que son de la esencia de la política. Los ministros no tienen experiencia política, ni quieren familiarizarse con ella, no conocen las sensibilidades de los ciudadanos y no tienen la necesidad de rendirle cuenta a los electores, sino que sólo al presidente.

Este problema no existe en el régimen parlamentario, pues los ministros son parlamentarios. Conocen directamente las exigencias de la lucha electoral y saben que para ganar el escaño hay que realizar trabajo distrital y estar cerca de los ciudadanos. Sería conveniente enfrentar esta anomalía sin necesidad de cambiar la forma de gobierno, sino con reformas puntuales, por ejemplo, establecer la compatibilidad de ser parlamentario con ejercer el cargo de ministro. Y valdría la pena lanzar a un ministro a ganar un escaño y si no lo consigue, como acaba de ocurrir en Francia, debe irse para su casa. Esto sería un paso muy concreto para acercar la política a los ciudadanos.


Cuando Había Acuerdos

8. Esta visión tecnocrática, economicista y “presupuestarista” no está en el ADN de la Concertación, ni se dio en gran parte de los años 90. Las políticas públicas se hicieron con la participación de los partidos, los grupos de interés y en estrecha relación con el Congreso, sabiendo que ellas no se definen entre cuatro paredes. Ahí se dieron los acuerdos laborales y de remuneraciones entre el gobierno, la CUT bajo el liderazgo de Manuel Bustos, con la Confederación de la Producción y el Comercio presidida por Manuel Feliú.

En algún momento, esto comenzó a cambiar. No interesa preguntarse cuando ello ocurrió, sino debatir sus implicancias para el Chile de hoy y de mañana.

Estimo que esta visión restringida y hostil a la política tiene que ver con un legado del régimen de Pinochet que no ha sido enfrentado con fuerza por la Concertación. La transformación económica neoliberal fue una revolución económica, política y cultural, que idealizó el mercado y el lucro individual, relegó al trabajo a un lugar subalterno y tuvo una obsesión contra el rol del Estado en la economía, para reducirlo al máximo a fin de entregar plena autonomía a los empresarios en un mercado libre de regulaciones. Algunas de las ideas neoliberales son compartidas por “técnicos” y políticos de la Concertación.

Aquí hay un tercer talón de Aquiles de nuestro desarrollo: el autoritarismo no modernizó la administración del Estado, a diferencia de lo hecho por los tecnócratas durante la dictadura del general Franco en España (1939-1975). Por ello, Chile no cuenta con una burocracia moderna y eficaz, que respalde el desarrollo político y económico, sirva de apoyo a la labor de los ministros y dé continuidad a la administración del Estado más allá de los cambios de ministros y de gobiernos.

Los gobiernos de la Concertación no han enfrentado esta delicada debilidad. El sistema de Alta Dirección Pública no es la solución, porque es el resultado de un acuerdo con la derecha en un momento de debilidad del gobierno anterior, que apunta a despolitizar los nombramientos de funcionarios de gobierno, sin enfrentar las falencias del personal de los organismos públicos, y es más bien una medida de parche frente a las debilidades del civil service. Esto significa el aumento de las plantas de los ministerios, el fortalecimiento de sus instituciones regulatorias y el consiguiente desarrollo de mecanismos de control de estas entidades públicas.


El Destructivo Marketing

9. También los partidos son responsables de su debilidad y de los problemas de la política. Su actual debilidad tiene bastante que ver con decisiones adoptadas hace más de una década, cuando sus dirigentes y asesores de campaña, especialmente del PPD, sostuvieron que los partidos no debían tener un rol protagónico en las campañas electorales, pues los candidatos ganaban su escaño por sus atributos personales y la propaganda debía estar dominada por el marketing y no por la política. Los partidos dejaron de lado su nombre, símbolos e historia, muy visible en el caso del PDC y el PS, lo cual se vio en los comicios legislativos de 1997. Los candidatos se distinguían por la sonrisa y por la camisa que usaban. El único partido que resistió esa moda fue la UDI, con éxito, porque llegó a ser el principal partido cuatro años más tarde.

Con esa práctica, muchos parlamentarios se sintieron dueños de su escaño e impulsaron políticas personales, debilitando a los partidos que a los cuales pertenecen. Se ha cosechado lo que equívocamente se sembró hace más de una década.


Conclusiones

La urgente modernización de la política y la reforma de los partidos debe situar a la política en el lugar que le corresponde, como ámbito para construir un futuro a partir de ideas y de valores, en que la libertad, el pluralismo, la igualdad y la solidaridad buscan encontrarse en decisiones que benefician a la ciudadanía. La Concertación es un arco iris con pluralidad de visiones ideológicas y políticas, en una perspectiva de centro-izquierda, que combate las desigualdades y no se resigna a ellas, que privilegia los intereses de las grandes mayorías, especialmente los trabajadores en sus diversas manifestaciones y no las minorías que tienen capacidad de veto por su poder económico.

La Concertación no es, ni puede ser, una alternativa conservadora, o neoconservadora, que tiene miedo a hacer cambios porque se guía por la prudencia, que paraliza el pensamiento y la acción. Existe una derecha suficientemente poderosa como para encabezar el conservadurismo en Chile; el país no necesita una segunda fuerza que le compita en ello.

La Concertación debe practicar el pluralismo, el disenso y la tolerancia, porque es un arco iris que representa el encuentro del humanismo laico con el humanismo cristiano y el encuentro de la DC con el socialismo, cuyo enfrentamiento en el pasado condujo a la tragedia de 1973 y los 17 años que le siguieron. El pluralismo debe abarcar a todos y no se mide sólo con números. El PRSD tiene un lugar en la Concertación, así como también Fernando Flores y Esteban Valenzuela.

Los partidos tienen que ponerse las pilas ahora y no cuando se aproximan las elecciones. Y esa fuerza proviene de las ideas, de las esperanzas y de los sueños. Así sobreviven los partidos frente a los desafíos planteados por las profundas transformaciones que ellos mismos han ayudado a provocar. Así lo hace la CDU, el FDP y el SPD en Alemania, el PP y el PSOE en España. Derrotar a Pinochet en el plebiscito de 1988 fue una utopía, criticada por muchos como imposible de alcanzar.

Hay que recuperar la capacidad de tener ideales, de tener fe en tareas superiores. Combatir las desigualdades es una invitación al desarrollo de las ideas, desde las cuales formular diversas alternativas de políticas, lejos de la visión economicista, tecnocrática y “presupuestarista” que hoy aplasta a la política y a los partidos. En el siglo pasado los gobiernos de Pedro Aguirre Cerda y Jorge Alessandri Rodríguez no consideraron el problema agrario y la situación de los campesinos. Y ello postergó una modernización inevitable, que se enfrentó con 20 años de retraso, provocando una convulsión social y política de enorme magnitud cuando el presidente Eduardo Frei Montalva impulsó la reforma agraria y la sindicalización campesina. La historia no se repetirá de la misma manera, pero lo que enseña es que dejar de hacer cambios por efecto de poderes de veto está preparando un conflicto mayor a mediano plazo. El olvido a los trabajadores y a las desigualdades tiene repercusiones en la crítica a los políticos y puede ser más fuerte si esta situación continúa.

Y para impulsar una política a partir de las ideas se requiere fuerza y perseverancia, enfrentando a la derecha que tiene una visión distinta de país. La Iglesia Católica enfrentó el mundo moderno después de la II Guerra Mundial con el Concilio Vaticano II e introdujo cambios que la convulsionaron internamente, pero que, como laicos, nos provocaron alegría y fortalecieron nuestra fe. Dos cambios nos afectaron directamente. En primer lugar, los sacerdotes comenzaron a oficiar la misa de frente a los fieles, sin darles la espalda, se les vio el rostro; en segundo lugar, la misa se hizo en nuestra lengua y pudimos entender sus palabras y los textos bíblicos.

Para mejorar la imagen de la política y hacerla atractiva a los ciudadanos, los políticos de la Concertación debieran volcarse hacia los chilenos y mirarlos a la cara. Y tienen que comunicarse con el lenguaje que entienden los ciudadanos comunes y corrientes, que no es el de la nomenclatura de la técnica, un idioma extraño, ajeno, como fue el latín para los católicos.

jueves

La Modernización de la Política (I)

Por Carlos Huneeus

La necesidad de la modernización de la política y la reforma de los partidos es un tema fundamental para mejorar la calidad de la democracia y conseguir un país desarrollado, que beneficie a todos. Es indispensable enfrentar las debilidades y vacíos que dañan la calidad de la política y debilita a los partidos, que no cumplen las funciones que les corresponde.

Las causas de los problemas de la política y los partidos son múltiples y complejas y de ahí que las soluciones no sean simples. Parte de ellas provienen del éxito de los gobiernos de la Concertación, que han planteado nuevos desafíos, causantes de algunos de los problemas de los partidos. Otros provienen de erradas decisiones tomadas en el pasado, que los debilitó directamente y dañó la calidad de la política, cuando el marketing fue puesto en el centro de las luchas electorales y la política fue relegada en un segundo plano. Hay otros factores que expondremos a continuación.

El escenario actual es más difícil que antes porque estamos en un momento de opulencia y no de estrechez financiera por el alto precio del cobre durante un largo tiempo. Es más difícil gobernar en “opulencia” que en estrechez, especialmente si no se explica cómo se usarán los recursos del cobre.


Lo que Daña la Política

La modernización de la política no es una tarea restringida al cambio de los partidos y del Congreso, sino también exige cambios en el poder ejecutivo, en el cual existen debilidades que son tan visibles como las de los primeros.

Los factores que en mi opinión están dañando a la política y hacen muy difícil el trabajo de los partidos son:

1. En primer lugar, hablamos de política en su sentido propio, referido a las decisiones que adoptan ministros, parlamentarios, alcaldes, dirigentes de partido, presidente de la república. También los ministros y subsecretarios son políticos, aunque algunos no lo vean así. Hubo un ministro que se quejó ante los periodistas que “los políticos son atroces”. Se ubicaba en un limbo especial, mirando desde arriba con un ojo crítico a parlamentarios y dirigentes de partidos.

Los problemas que enfrenta la política provienen de sus actores –los políticos- y de la forma en que la practican. La imagen que los chilenos tienen de la política se ha mantenido constante durante la democracia y ella es relativamente buena, comparada con los resultados de encuestas de países avanzados. En marzo de 1991 -la primera vez que el CERC quiso conocer la imagen de esa actividad aplicando preguntas tomadas de estudios internacionales- un 69% estaba de acuerdo con la afirmación “en política lo único que puede hacer la gente como yo es votar”. En diciembre del 2006, ese porcentaje era idéntico: 70%. En los diez sondeos que hicimos en los tres lustros, por supuesto que hubo variaciones, pero fueron de alcance limitado.

También hay estabilidad en las opiniones respecto de la frase “la política es tan complicada que con frecuencia la gente como yo no puede entender lo que pasa”: 66% estaba de acuerdo con ese enunciado en marzo de 1991 y un 62%, en diciembre de 2006. Las opiniones en quince años han sido más estables que en la afirmación precedente.

Lo que se ha producido en estos años ha sido un claro empeoramiento de la imagen de los políticos. Si en marzo de 1991 un 63% de los encuestados estaba de acuerdo con la frase “los políticos no se preocupan mucho de lo que piensa la gente como yo”, en el 2006 había aumentado a 82%. También aumentó el acuerdo con la frase “la mayoría de los políticos sólo se acuerda de la gente cuando hay elecciones y después se olvida de ella”, pues de un 73% que hubo en 1991, avanzó al 89% en 2006. Y también creció el apoyo a la afirmación “esté quien esté en el poder, siempre busca sus intereses personales”: el aumento fue de un 66% a un 81%. En esta última hubo mayores fluctuaciones que en dos de las anteriores frases, considerando el mismo período.


Significado Desvirtuado

2. Los problemas provienen de la manera como se la practica desde hace algunos años, con una triple reducción de su naturaleza, que es incluso hostil a ella. No se concibe, como en la definición de Crick, que es la “actividad mediante la cual se concilian intereses divergentes dentro de una unidad de gobierno determinada” (1), sino que se la reduce a una técnica, creyéndose -siguiendo a Crick- que “todo en la sociedad es manipulable racionalmente”. Los temas políticos son considerados como “técnicos”, por lo cual no son enfrentados por los “políticos”, sino por los especialistas, los técnicos. Esto es porque el carácter “técnico” requiere que sean resueltos con criterios de imparcialidad, de “neutralidad”.

Esta visión de la política es peligrosa y tiene una mala historia. En la época del imperio Guillermina (1870-1918) y en la república de Weimar (1918-1933) en Alemania hasta los militares se consideraron “neutrales”, llegando a pactar con Hitler en 1933 y 1934 para defender sus intereses corporativos.

Existe una segunda restricción en la práctica de la política: el predominio de las necesidades e intereses económicos, de una manera que encantaría a Carlos Marx y a Adam Smith. Esto tiene un sesgo conservador, porque concibe el crecimiento a partir de los intereses los empresarios, sin considerar debidamente los intereses de los trabajadores. ¡Pareciera que en Chile se quiere tener sólo empresarios, y no tener trabajadores! Se invita a promover la cultura del emprendimiento, pero no la del trabajo.

Esta visión se encuentra a la derecha de la economía social de mercado de Ludwig Erhard (CDU), que consideró la participación de los trabajadores, integrados a los comités de empresa, y sirvió de base a una política centrista y no conservadora que ha tenido Alemania hasta el presente (2).

Si hubiera habido antes una preocupación por el trabajo como la que se tiene con el capital se habría combatido a tiempo los sueldos de hambre existentes en diversos sectores de la economía, desde las cajeras de los supermercados, hasta los obreros de la industria forestal. Tuvo que morir un trabajador en huelga de la empresa Arauco para que la autoridad y los empresarios se preocuparan de esta realidad, que golpea la conciencia política y ética del país. Esto constituye un dumping salarial inaceptable en una economía que se jacta de ser moderna e integrada al mundo.


El Supremo Criterio “Presupuestarista”

3. La tercera restricción de la política consiste en que las principales decisiones públicas son tomadas desde el lado presupuestario, preguntándose cuánto cuestan y cómo se financian. La mirada económica es “presupuestarista”. Las políticas públicas no son analizadas en su complejidad y le quitan atractivo ante los ciudadanos, que ven sólo números y escuchan las opiniones de “los expertos”.

La reforma previsional es una manifestación de esta visión “presupuestarista”. Esto es lamentable, porque es una reforma que plantea enormes dificultades al intentar resolver necesidades futuras que requieren un estudio multidisciplinario, que estime correctamente los costos futuros – a 20 y más años- a partir de un cuidadoso análisis de las tendencias demográficas, la evolución de la economía, especialmente del trabajo y el ingreso y otras.

La reforma previsional no se dirige desde el Ministerio del Trabajo, como corresponde, sino desde la Dirección de Presupuesto, Dipres. La comisión de expertos que preparó un informe “técnico” para elaborar el proyecto de ley, integrado mayoritariamente por economistas (y sin expertos en economía laboral, como tampoco los hubo cuando se preparó la reforma durante el régimen de Pinochet) fue presidida por el director de Presupuestos del gobierno anterior; y la actual tramitación parlamentaria está impulsada por “los expertos” de la Dipres.

No quiero dar una visión reduccionista o conspirativa: el poder de la Dipres no depende sólo de sus recursos institucionales y humanos, sino principalmente de la renuncia a ejercer autoridad y poder por los ministerios. También en el gobierno impera el principio de la física -la naturaleza le tiene miedo al vacío- y la Dipres ocupa el espacio que se le deja. La tiranía de Hacienda no comenzó con Andrés Velasco. El problema es que la Dipres y Hacienda poco hacen para cambiar esta situación y los ministerios no presionan tampoco por ello. Esta centralización de poder es un cuello de botella en el gobierno, que es causante de problemas de calidad de la gestión pública y de debilitamiento institucional del poder ejecutivo.


Mal Sentimiento Ciudadano

4. Esta práctica restringida de la política tiene bastante que ver con una de las paradojas de Chile: la existencia de buenos indicadores económicos objetivos y malos datos subjetivos. Esta visión tecnocrática, economicista y presupuestarista irrita a los ciudadanos. Durante los años de mayor crecimiento, la evaluación subjetiva de éste permaneció estable, mejorando solamente con ocasión de las elecciones. Más de dos tercios de los chilenos opina que el crecimiento económico ha beneficiado sólo a los ricos y sólo uno de cada cinco chilenos considera que ha beneficiado a los pobres; uno de cada cuatro opina que ha beneficiado a la mayoría de los chilenos y una minoría siente haberse beneficiado (entre 15% y 20%).

Predomina en los chilenos una imagen crítica de los empresarios, que se esfuerzan por mostrarse con la ayuda de los medios de comunicación y hasta de personeros de gobierno y personalidades de los partidos y el congreso, como los responsables genuinos del éxito económico. Son vistos como interesados en ganar dinero (67%), explotadores (46%), enemigos de los sindicatos (38%). Una pequeña minoría reconoce las virtudes resaltadas a través de la prensa: competentes (19%), arriesgados (14%), innovadores (14%), se entienden con el personal (9%) y honestos (3%). Este último porcentaje demuestra que el uso político del problema de la corrupción perjudica a todas las instituciones y actores, y no beneficia a nadie.

Una minoría, 29%, piensa que los empresarios son un soporte fundamental de la economía, mientras que una amplia mayoría, 67%, cree que están preocupados de ganar dinero y de defender sus propios intereses. En Alemania, de donde tomamos la pregunta de una encuesta de 1990, esos resultados eran muy distintos, confirmados en mediciones recientes: una mayoría, 55%, opinó que los empresarios son la base de la economía, 25%, apoyó la idea de que están interesados en ganar dinero y un 20% no sabe o no responde (3).




Carlos Huneeus: Director Ejecutivo de la Corporación CERC y profesor del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile




NOTA

El presente Informe corresponde al texto de la exposición de Carlos Huneeus en el seminario “Modernización de la política y reforma de los partidos”, organizado por el CED, Instituto Igualdad y Fundación F.Ebert, 9 de Julio 2007.

martes

LA MUERTE SIGUE BAJANDO POR EL RIO CRUCES

ENCUENTRAN CISNE DE CUELLO NEGRO CON GRAVES ALTERACIONES NEUROLOGICAS EN EL SANTUARIO



Este cisne fue recogido en San Ramón, el interior del Santuario de la Naturaleza del Río Cruces, el sábado 31 de junio (2007) en la mañana. Presenta los mismos daños reurológicos de los cisnes que murieron el año 2004.

Acción por los Cisnes

viernes

Concertación: Las disyuntivas de los desafíos

Como en los viejos tiempos, nuevamente circulan aires de discusión, debate e intercambio de ideas entre quienes conforman la Concertación de Partidos por la Democracia. Algunos documentos han abierto un espacio de reflexión y de discusión muy necesario y saludable para el futuro de la coalición y del país.

Los documentos que circulan dan cuenta fundamentalmente de una crisis de sentidos en la Concertación y no sólo respecto de la administración del poder, de cómo gobernar el país o dónde situar las prioridades. Por lo mismo, el debate actual presenta alcances políticos de la mayor trascendencia para los partidos, sus militantes y la ciudadanía que la ha respaldado en los últimos años.

En toda su existencia, la Concertación ha experimentado distintos momentos de crisis, generando procesos de inflexión política entre sus miembros y dirigentes, logrando salir bastante fortalecida y con nuevos bríos para enfrentar y ganar las sucesivas elecciones populares que desde 1989 se han realizado en el país. Sin embargo, la crisis actual es claramente diferente e involucra cuestiones sustantivas relacionadas con su razón de ser.

Con los resultados de la elección parlamentaria de 1997 apareció con fuerza al interior de la coalición de gobierno un debate que luego fue cristalizando en dos grandes tendencias que comenzaron a ser denominados por los analistas como los autocomplacientes y los autoflagelantes. Los votos que en aquella oportunidad perdió la Concertación generó un interesante debate que luego reapareció con nuevo vigor en 1999, cuando Ricardo Lagos no logra ganar en primera vuelta y se ve obligado a inaugurar en Chile el sistema de segunda vuelta.

Una década ha transcurrido desde 1997. Una década en que el debate de las ideas ha sido inconstante y cuyo precario ejercicio ha configurado lo que algunos han llamado las dos almas de la Concertación. Una coalición política en cuyo núcleo de ideas habitan tanto posturas liberales como progresistas; es decir, de quienes están por ampliar las influencias del mercado sobre la política y de quienes están por devolverle al Estado un rol más protagónico en el desarrollo y progreso del país.

El liderazgo presidencial de Ricardo Lagos contribuyó a que al interior de la Concertación se consolidaran estilos de conducción partidaria y de decisión política que han favorecido el surgimiento de conductas que terminan por “rechazar, excluir o descalificar” a quienes tienen posturas distintas o discrepantes respecto de las oficiales. Es más, tal fenómeno ha traído consigo el aumento de los liderazgos políticos discrepantes del oficialismo partidario y/o gubernamental, al interior de los partidos coaligados. Estos liderazgos suelen ser rápidamente estigmatizados por las autoridades oficiales o los medios de comunicación con calificativos como “díscolos”, o incluso llegando algunos a hacer analogías con personajes políticos de otros momentos históricos.

La descalificación o el analogismo estigmatizante, hasta ahora, ha logrado invisibilizar un debate que es más de fondo y que responde a cuestiones sustantivas de la razón de ser de la Concertación. Ha operado una forma psicológicamente agresiva para descalificar al que piensa diferente y al que intenta recuperar para la política un ejercicio que le es propio.

Los partidos políticos, y sus militancias, han perdido paulatinamente el rol que les es más propio: formular ideas, generar debates políticos, intercambiar posiciones y promover en forma permanente procesos políticos colectivos y participativos para la elaboración de propuestas y para la toma de decisiones.

Es verdad que en los tiempos actuales la política se ha profesionalizado y que al mismo tiempo se requiere en forma creciente de profesionales de la política para dirigir un partido o para gobernar un país, sin embargo nada justifica que los proyectos históricos, que las definiciones políticas coyunturales y que los programas de gobierno, entre otros, sean elaborados sin la participación de la militancia y al margen de las estructuras partidarias.

Revitalizar los partidos políticos, recuperar la masa crítica de sus militantes y generar espacios regulares de participación en las estructuras partidarias y sociales no debe ser entendido como eventual fuente de inestabilidad o de ingobernabilidad para el país. Muy por el contrario, contribuiría a la cohesión social, a la profundización de la institucionalidad política, a mejorar la calidad de la democracia y a redefinir los márgenes de la participación de la ciudadanía en Chile.

De no producirse cambios significativos a nivel de clase política y en la forma en que ésta desarrolla la actividad, el consenso político ya no será la construcción de mayorías ni la necesaria concurrencia de las partes para la elaboración participativa de las soluciones, más bien se transformará en la imposición de posturas con un fuerte componente pragmático por sobre visiones construidas a partir del intercambio y de la confrontación de ideas. En otras palabras, la política progresivamente vaciada de su sentido y de su contenido más significativo.

Está claro que la diferencia entre el actual debate político al interior de la coalición de gobierno y los anteriores radica en algo muy sustancial. Lo que hoy está en juego es el sentido, la razón de ser y la identidad de la Concertación. Por lo mismo es sano y necesario el debate abierto, sin prejuicios y complejos. La pasión y la vehemencia puesta en los documentos en circulación habla del buen estado de salud de la coalición. Siempre va a ser mejor debatir que reprimir.

Un ejemplo concreto lo encontramos en el programa de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Es el programa de gobierno socialmente más avanzado de todos los que ha presentado la Concertación a Chile. Sin embargo, a los ojos de los ciudadanos no es del todo viable cuando su implementación debe hacerse en el contexto de un modelo institucional, económico, social y cultural que opera con lógicas claramente de inspiración neoliberal.

En consecuencia, el debate que se ha generado en las últimas semanas en algunos grupos al interior de la Concertación debe centrarse fundamentalmente en la necesidad de cambiar el modelo neoliberal y de construir un proyecto de refundación democrática para Chile. En mi opinión, esa es la verdadera disyuntiva y el mayor de los desafíos.

por Patricio Bustos Pizarro
Publicado en el diario electrónico http://www.elclarin.cl/

miércoles

La censura a la censura

Diario Reforma de Mexico
Jorge G. Castañeda

El escándalo de RCTV en Venezuela comprende varias aristas. Desde la sorprendente movilización de estudiantes en contra del cierre, hasta la tibieza de la comunidad internacional, e incluyendo la cada vez mas insólita estridencia de Hugo Chávez: hay mucha tela de dónde cortar. Limitémonos a tres facetas: lo que sucedió con el canal de televisión; la reacción de varios sectores de la sociedad mexicana; y la reacción -o ausencia de la misma- del gobierno de México.
Lo acontecido en Caracas es muy claro, y el exceso de explicaciones brindadas por ese gobierno disipa cualquier duda posible. Efectivamente un gobierno tiene el derecho de no renovar una concesión cuando ésta se vence; pero Chávez anunció desde diciembre que no iba a renovar la de RCTV por dos razones explícitas y una tácita: la complicidad de la televisora con el golpe de estado de abril de 2002, y en segundo lugar el carácter lamentable y antipatriótico de los contenidos transmitidos por la empresa; y subliminalmente, su postura crítica ante el gobierno. Las dos primeras razones caen por su propio peso y sólo sobrevive la tercera.
Suponiendo que hubiera sido delito la complicidad de RCTV con el golpe, y suponiendo que el código penal venezolano castigue ese comportamiento, se debió consignar el delito en el momento, no cinco años después y en contra de todos los cómplices, incluyendo la empresa de mi amigo Gustavo Cisneros, que en ese momento fue tan adversaria de Chávez como RCTV. Sin embargo, la licencia de Venevisión fue renovada en fast track hace un mes. La segunda razón también funciona: las demás televisoras venezolanas no son precisamente la BBC o ARTE, pero sólo RCTV fue sacada del aire. Chávez hizo exactamente lo que dijo que iba a hacer: eliminar a uno de los principales focos masivos de oposición a su socialismo del siglo XXI.
Pasando a México, para cualquiera que hubiera esperado que el advenimiento de la democracia, y la renovación generacional transformarían a la izquierda, no puede resultar más que decepcionante su postura frente al caso RCTV. El PRD, los intelectuales orgánicos y los órganos oficiales de la izquierda, o han apoyado abiertamente el cierre de la televisora, o han aceptado las explicaciones chavistas. Son pocos los integrantes de la izquierda que le pongan el cascabel al gato: se trata de un caso de libertad de expresión y de censura autoritaria. El recurso a argucias legales arbitrarias no debieran convencer a militantes o intelectuales de izquierda que las padecieron y combatieron. Sólo falta que la izquierda apruebe el encarcelamiento de los dirigentes estudiantiles del 68 por haber violado los artículos sobre disolución social. Lo que no sabemos es cómo hubiera reaccionado esta izquierda en el poder ante una oposición mediática masiva, en ocasiones irresponsable y a veces incluso incendiaria. Mejor no averiguarlo.
En cuanto el gobierno, tanto The Economist como el Financial Times, han criticado esta semana la pasividad o silencio de la comunidad internacional y regional ante la acción de Chávez. En el caso del FT citan el primer párrafo del artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana, firmada por Venezuela, contra la censura o el acotamiento de la libertad de expresión. The Economist señala que la indiferencia de los vecinos regionales de Chávez sólo podrá alentar al propio Chávez y a sus correligionarios de otros países para perseverar por este camino.
Desgraciadamente, la censura a la censura sólo provendrá de Estados Unidos, como ya sucedió anteayer en la Asamblea General de la OEA en Panamá, ya que los gobiernos de la región que debieran manifestarse de manera contundente contra esta violación a la Carta y a las Convenciones Americanas de Derechos Humanos y Políticos no lo están haciendo. El caso de México es quizá el más lamentable, ya que en teoría un gobierno compuesto por integrantes de un partido víctima de este tipo de atropellos durante más de medio siglo, debería ser el primero en alzar la voz.
Sobre todo, deberá aclarar que no se trata de un asunto interno de Venezuela. Desde hace años, México y la comunidad internacional han resuelto que las violaciones a los derechos humanos fundamentales son objeto de una normatividad internacional y rebasan el ámbito de la soberanía y del supuesto principio de no intervención. Pero es evidente que la restauración priista en materia de política exterior puede más que la tradición democrática panista. Y reconciliarse con Chávez y con Castro, para deslindarse de Fox, puede más que las convicciones panistas.

martes

¿Para qué gobernar?

Por Mario Marcel

Hace tanto tiempo que la política chilena está dominada por las rencillas, las ambiciones personales y las maniobras tácticas que los actores políticos parecían haberse olvidado de responder una pregunta fundamental: ¿Para qué queremos gobernar? Gobernar o aspirar a hacerlo es la esencia de la política, mientras que hacerlo con un propósito es lo que determina que la política contribuya al progreso de los países.

En su mensaje del 21 de mayo la Presidenta restableció la importancia de gobernar con un propósito. Pero también le dio a ello un contenido concreto que revive los elementos que unen a la coalición de gobierno al tiempo que le planteó a la oposición un cuestionamiento fundamental.

La Presidenta le recordó a la Concertación que está en el gobierno para promover el desarrollo del país con crecimiento y equidad y no simplemente para retener el poder o evitar que otros lo obtengan. Para ello propuso acciones muy concretas: respetar los principios de la política fiscal, apoyar la innovación y el emprendimiento, construir un sistema de protección social e invertir en educación.

Es cierto que es más fácil proponer medidas concretas cuando se tienen más recursos como ha ocurrido en esta ocasión. Pero también es cierto que los fondos adicionales podrían haberse desperdigado en múltiples programas para dejar a todos contentos, improvisar para hacerse cargo del último conflicto o haberse comprometido en subsidios o franquicias tributarias para aplacar a los que más presionan. Al centrar sus prioridades en construir un sistema de protección social e invertir en educación la Presidenta tomó una opción distinta y en buena medida más arriesgada. Con ello reconoció que la coalición de gobierno sólo continuará teniendo el apoyo ciudadano mientras sea capaz de priorizar los intereses de las personas por sobre los intereses de los grupos de presión y los intereses o aspiraciones personales de quienes ocupan los cargos públicos.
Las iniciativas y los criterios priorizados por la Presidenta permiten que la agenda de gobierno sea una síntesis de los objetivos de crecimiento y equidad y no sólo un conjunto de contrapesos entre enfoques contradictorios, o lo que se ha dado en llamar las "dos almas" de la Concertación. Un sistema de protección social tiene el potencial de reducir los niveles de inseguridad económica de los chilenos y con ello mejorar su disposición a emprender e innovar, otra de las prioridades del mensaje. La inversión en educación es clave para igualar las oportunidades de las personas y elevar la productividad del país. El cambio en la meta de política fiscal se hizo sobre la base de los mismos fundamentos económicos que la justificaron en primer lugar, pero los recursos liberados por el cambio se invertirán en seguridad económica y capital humano para los sectores más vulnerables y no en bajarle los impuestos a quienes más tienen.
Ninguna de estas iniciativas es ajena al programa de gobierno, pero al reafirmar su prioridad y actuar en consecuencia, la Presidenta recordó a aliados y adversarios que pese a las turbulencias y desaciertos de los últimos meses, dicho programa sigue siendo su carta de navegación.
El mensaje de la Presidenta evidentemente no resolvió todos los problemas de la Concertación y del Gobierno pues articular un buen discurso no es lo mismo que hacer las cosas, pero ayudó a ordenar las filas oficialistas mucho más que todas las apelaciones a la disciplina partidaria de las semanas anteriores. La efectividad de dicho ordenamiento será fundamental para responder al principal desafío que se perfila, cual es el hacer (ahora sí) bien las cosas.
Este desafío es válido tanto para la gestión de los organismos estatales como para el proceso legislativo necesario para sacar adelante iniciativas emblemáticas y en ambos planos la propia Presidenta tiene una responsabilidad personal. Una primera prueba de la capacidad del gobierno y de la coalición para responder a este desafío será el comportamiento de sus integrantes en la votación de los proyectos emblemáticos en agenda, particularmente la reforma previsional y los proyectos en el área de la educación.
Pero la pregunta de para qué se quiere gobernar es también un emplazamiento de envergadura para la Alianza por Chile. Este es un emplazamiento que, al menos inicialmente, descubre un gran vacío en las filas opositoras. La mejor ilustración de ello es el libro de Andrés Allamand "El Desalojo".
Desde el propio título del libro, que por estos días Allamand promociona, parece evidente que lo que motiva a la Alianza por ahora es expulsar del poder a los advenedizos que lo ocupan antes que realizar un programa específico. El libro abunda tanto en descalificaciones y críticas desproporcionadas a los gobiernos de la Concertación como lo que escasea en ideas concretas sobre qué hacer en su lugar para elevar el desarrollo del país y el bienestar de sus habitantes.
La escasez de ideas nuevas en el mundo opositor no sólo se refleja en el libro de Allamand, sino en las propuestas que han emanado de este sector. En efecto, si uno se guía por las declaraciones de sus dirigentes sólo encuentra apelaciones generales a "hacer mejor las cosas" (lo que sugiere que las "cosas" que ha impulsado el gobierno son correctas, sólo que se hacen mal) o reviven con nostalgia la agenda de política de los ochenta.
En este sentido la realidad de la Alianza en Chile dista mucho de lo observado en otras coaliciones o partidos de centroderecha exitosos en el mundo que han sido capaces de renovar y actualizar sus propuestas políticas. Aunque los votantes chilenos siempre podrían sentirse tentados por el populismo o cansados por los errores al enfrentar las próximas elecciones, aún esperan ser gobernados por líderes propositivos antes que descalificatorios y fuerzas políticas constructivas antes que destructivas.
De esta manera, lo que bien puede definir el resultado de la próxima elección será quién --la Concertación o la Alianza-- serán más efectivos en responder a sus propios desafíos. Para la primera, el desafío fundamental es el recuperar la confianza de la ciudadanía respecto de su capacidad para hacer las cosas que compromete -lo que algunos llaman "gobernabilidad". Para la segunda, su desafío es construir una agenda de política creíble, desprendida de la nostalgia de un pasado ya lejano y de los poderosos intereses con los que tradicionalmente se ha alineado.
Si ambas coaliciones tienen la visión suficiente, deberán hacerse cargo de la misma pregunta: ¿Para qué queremos gobernar?

viernes

Leonardo Boff analiza el discurso del Papa a Brasil y alude a sus "silencios reveladores"

Desde la perspectiva del entusiasmo popular, podemos decir que la visita del Papa a Brasil fue un gran éxito.

¿Qué modelo de catolicismo promueve el Papa? Es notorio que en Brasil persisten dos tipos de catolicismo: el devocional y el del compromiso ético. El primero tiene un cuño popular centrado en la devoción de los santos, la oración y los peregrinajes, y hoy, en su forma moderna, en la dramatización mediática con fuerte contenido emocional.

El catolicismo del compromiso ético se inspira en la acción católica y en las pastorales sociales y culmina con la teología de la liberación.Este modelo requiere mediaciones socioanalíticas porque está interesado, desde su perspectiva espiritual, en la transformación social.

¿Cuál de ellos es el más apropiado para una nación que debe revisar su antihistoria, heredada del colonialismo, del etnocidio indígena, del esclavismo y de la moderna dependencia de los centros metropolitanos?

La respuesta depende del nivel de conciencia alcanzado por los católicos. Yo creo que el catolicismo devocional no tiene potencialidad de transformación social, por estar volcado sobre sí mismo; mientras que el otro articula constantemente fe, justicia y evangelio con compromiso de liberación.

Vistas desde este enfoque, las intervenciones del Papa fueron in crescendo hasta hacerse explícitas en el encuentro con los obispos en Aparecida. Al comienzo, procuró mantenerse equidistante entre los dos modelos, pero terminó reforzando el devocional, ya que las aperturas a lo social fueron más esbozadas que afirmadas.

Hay en Benedicto XVI un tono fundamentalista cuando habla de la centralidad de Cristo hasta en los asuntos sociales que, seguramente, dificultará el diálogo interreligioso.

Lo que el Papa dijo sobre la primera evangelización en Brasil, como un encuentro de culturas y no una imposición y alienación no se sustenta históricamente. No olvidemos el testimonio del texto sacro maya, el Chilam Balam: "Entre nosotros se introdujo la tristeza, se introdujo el cristianismo, el principio de nuestra tristeza y de nuestra esclavitud; vinieron a matar nuestra flor, a castrar el sol".

Condenar como "utopía y retroceso" la voluntad de rescatar tales religiones, con su sabiduría ancestral, equivale a un insulto a los indígenas y un desaliento a los esfuerzos de tantos misionarios que apoyan estas iniciativas.

Es teológicamente frágil la tesis de que Dios es explícitamente imprescindible para construir una sociedad justa. Lo que hace falta es un consenso ético y una apertura a la trascendencia, dejando abierta la definición del contenido, como sucede en los Estados modernos. Estas insuficiencias teóricas hacen que el discurso papal se deslice hacia el moralismo y el espiritualismo.

Y melancólicamente repite la cantilena: no a los contraceptivos, no al divorcio, no a los homosexuales, no a la modernidad, sí a la familia tradicional, sí a una rígida moral sexual, sí a la disciplina.

Estos discursos expresan una "razón indolente", categoría analítica creada por el pensador portugués Boaventura de Sousa Santos. Indolente es la razón que no capta los desafíos relevantes del presente y desaprovecha las buenas experiencias del pasado.

Hay silencios significativos en los discursos del Papa: sólo una vez se refirió a las comunidades de base, una vez a la opción por los pobres, una vez a la liberación, nunca a la teología de liberación y a las pastorales sociales, nunca al gravísimo problema del calentamiento global. En cambio, retrocede a los años 50 del siglo pasado con el discurso tradicional y ambiguo de la caridad y la asistencia a los pobres. Esos silencios son una forma de negar y ocultar.

La razón indolente, propia de grandes instituciones como la Iglesia, es un modo de razón miope que se concentra en lo cercano y descuida lo lejano, o de una razón prejuiciosa que no busca caminos nuevos y siempre vuelve a los antiguos, o una razón arrogante, cuando insiste en la Iglesia como la única verdadera, o de una razón antiutópica, por no suscitar un horizonte de esperanza y por creer que el futuro es la mera prolongación del presente.

El Papa no advierte los nuevos temas centrales, que tienen que ver con la discusión sobre la misión de la Iglesia en sí misma, sino con el futuro de la Tierra y de la humanidad y con examinar en qué medida la misión del catolicismo puede ayudar a asegurar el porvenir, sin el cual nada se sustenta.

El catolicismo brasileño y latinoamericano, para estar a la altura de los tiempos actuales, exige el coraje que tuvieron los primeros cristianos: abandonaron el suelo cultural judaico de Jesús y se insertaron en el suelo pagano helenista.

Necesitamos ahora un catolicismo de rostro indio-negro-latinoamericano que no esté en contra del romano, sino en comunión con él.


Leonardo Boff, teólogo brasileño que participó en el movimiento Teología para la Liberación, en su artículo "Los silencios reveladores de Benedicto XVI" en el diario la Nación de Buenos Aires, viernes 18 de mayo de 2007

domingo

La Disyuntiva

LA DISYUNTIVA

I. Un diagnóstico necesario

Lo que revela el Transantiago

No basta con declararse consternado y decir, como se ha hecho prácticamente un lugar común, que la situación creada con la puesta en práctica del Transantiago es el momento más crítico por el que ha atravesado la Concertación en sus 17 años de gobierno. Es preciso explicar porqué se ha llegado a esta situación, identificando con rigor las razones que le confieren tanta gravedad a una situación que ha concentrado de manera prácticamente exclusiva la atención de la opinión pública.

La revolucionaria idea de cambiar radicalmente el pésimo transporte público con que contaba la capital por uno de calidad, seguro y menos contaminante, que se impuso durante la administración anterior, no estuvo exenta de polémicas y controversias, básicamente por los riesgos que implicaba reemplazar el desgastado y contaminante sistema de transporte capitalino de manera integral y radical, a través una suerte de Big Bang, como proponían sus impulsores.

Una primera decisión, que está en el origen de muchos de los problemas que ha debido enfrentar el Transantiago en su debut, dice relación con el financiamiento del transporte público en la capital, que en la mayoría de los países recibe un subsidio fiscal y que en nuestro país se ha optado por financiar exclusivamente a través de tarifas a los usuarios. Claramente eso limita el parque de buses, cuya necesidad muchos calculan por sobre los 6.000, y cuyo funcionamiento la actual tarifa no alcanza a financiar.

El diseño de recorridos, más que responder a las necesidades y demandas de los usuarios, debió ajustarse a limitaciones de orden financiero. Inicialmente contemplaba 4.600 buses, posteriormente se elevó a 5 100 (noviembre 2006) y luego a 5.600 buses (febrero 2007). Sin embargo, en sus mejores días, el Transantiago no habría logrado movilizar más de 4.400 buses, con claras dificultades y limitaciones de frecuenta y recorridos, con el agravante que faltaron los dispositivos tecnológicos que permitieran controlar su funcionamiento y las inversiones en infraestructura urbana que agilizaran el transporte colectivo de superficie.

Asociado a lo anterior, está el problema de los operadores privados, muchos de los cuales son los responsables por la mala calidad de transporte que existía en la capital. Mucho se discutió en el gobierno anterior acerca de la conveniencia de trabajar con nuevos operadores del transporte, con la exigencia de renovar íntegramente el parque de autobuses, que garantizaran confiabilidad y buen servicio pero, al final, pudo más el inmenso poder de presión de los antiguos operadores para mantenerse en el rubro, refaccionando su antiguo parque y renovando sólo los buses troncales.

Frente a las dificultades técnicas e incumplimiento del administrador financiero para hacer operativo el sistema de cobros y control de recorridos, el gobierno garantizó un retorno fijo para los operadores hasta el 10 de mayo, aunque no estaba en condiciones de fiscalizarlos, introduciendo un incentivo perverso a la operación de la flota comprometida.

Una segunda decisión estuvo asociada a los considerables costos en infraestructura vial (paraderos, estaciones de transbordos y vías segregadas) que se requería para implementar eficientemente esta verdadera revolución urbana, en donde no sólo el Ministerio de Hacienda carga con la pesada responsabilidad de no haber aportado oportunamente los recursos necesarios, sino que también el ministerio de Obras Públicas y las autoridades de Vivienda comparten diversos grados de responsabilidad por el evidente atraso en la ejecución de las obras.

El principal error político que comparten las autoridades de Hacienda y de Transporte y del cual el gobierno es solidariamente responsable, fue decidir, por razones básicamente financieras, la implementación del plan de transporte en una fecha en que era evidente que no estaban dadas las condiciones mínimas para controlar las frecuencias, ni construidas las vías segregadas, las estaciones de transbordos, los lugares de prepago y los paraderos techados, mientras aún existía un debate acerca de la cantidad de buses que se requería para su correcto funcionamiento.

Ha quedado así de manifiesto una insuficiencia mucho más de fondo, un pecado de origen, cuya comisión es particularmente grave para una coalición como la Concertación y un gobierno como el que encabeza Michelle Bachelet. Se trata de la debilidad manifestada en la defensa del concepto de servicio público (que se encuentra en entredicho por la privatización heredada de la seguridad social y de buena parte de la educación, temas de largo plazo, solo que en este caso el descontento de los usuarios se manifestó de inmediato), con la consecuente indefensión en que quedaron cientos miles de habitantes de la Región Metropolitana, todos pertenecientes a las capas menos favorecidas de la sociedad. En este sentido, el episodio no tiene precedentes y pone en cuestión un elemento central de la política chilena desde 1990: el vínculo privilegiado de la Concertación y sus partidos con los sectores populares. Los errores del Transantiago, sin duda, no sólo pasarán a engrosar manuales internacionales de estudios de caso de políticas públicas fallidas sino que debieran constituirse en un punto de inflexión en la manera de resolver los asuntos relativos a la provisión de bienes públicos por medio del recurso indiscriminado a los operadores privados en relaciones contractuales débiles y asimétricas.

Resulta en verdad imperdonable que se haya puesto en práctica una reforma que toca un aspecto tan sensible de la vida cotidiana de las personas como es el transporte, sin consulta con los interesados y a través de un sistema cuyos requerimientos pusieron por delante el negocio, la caja fiscal y la rentabilidad de los privados y no las necesidades de los usuarios y la necesaria progresividad del cambio.
A la Concertación la gente le ha perdonado muchas cosas, pero no este abandono de los sectores populares. Se requerirán muchas explicaciones, muchas disculpas y, sobre todo, muchas acciones prácticas para que esta herida pueda cicatrizar convenientemente. Si existe algo por lo que la Concertación ha luchado, es justamente por terminar con la desigualdad y lamentablemente, el Transantiago sólo dejó de manifiesto y acrecentó las desigualdades de este país.

Este reconocimiento no pone en cuestión lo logrado por los gobiernos de la Concertación en este tiempo, y que es algo de lo que podemos sentir legitimo orgullo. Si bien ésta se inició como un proyecto de reconstrucción democrática desde una dictadura, ha ido avanzando hacia un horizonte de consolidación democrática, con ampliación de las libertades, modernización económica con justicia social y lucha contra las discriminaciones. Es con la Concertación que, durante estos años, se ha avanzado además en la disminución de la pobreza, el reconocimiento y promoción de los derechos para las religiones minoritarias, para los hijos nacidos fuera del matrimonio y para los pueblos originarios. Sin embargo, sigue como una deuda pendiente avanzar en una acción más efectiva en materia de redistribución del ingreso y de consolidación de servicios públicos eficaces y dignos para atender las necesidades de las mayorías.

La impronta de la protección social y la paridad

La crisis provocada por la puesta en práctica del Transantiago se hizo más virulenta por la acción de otros elementos. No es trivial que ella haya tenido lugar bajo un gobierno que se fundamenta en una medida decisiva en su empatía y cercanía con la gente, que ha explícitamente declarado que su impronta será la protección social y que cuenta con unos excedentes presupuestarios sin precedentes en la historia económica nacional.

A fin de cuentas, es la credibilidad del salto en materia de protección social como la gran tarea de este gobierno la que ha quedado en tela de juicio. El que esto ocurra es en extremo delicado. El período de la presidenta Bachelet se inició cargado de grandes expectativas: gobierno ciudadano, paridad y fin a la histórica discriminación de las mujeres, combate a fondo a las desigualdades, cambio cultural, recambio generacional y sustitución de las antiguas elites; en fin, reinserción de Chile en América Latina.

La idea de cambio cultural aparece asociada de manera evidente al primer gobierno presidido por una mujer en Chile que, además, alentó muchas expectativas en las mujeres. El hecho de ser una mujer representa y simboliza el ingreso de los excluidos secularmente en la administración de los asuntos políticos. Por otra parte, los temas relativos a los derechos de las mujeres han sido crecientemente polémicos en el Chile postdictadura. Muy pocos dudaban que, durante el gobierno de la Presidenta Bachelet, se produciría una expansión de los derechos civiles y, sin duda, serían las mujeres las principales beneficiarias. Hoy, reina el escepticismo frente a esta posibilidad. Además de la dificultad para hacerse cargo de nuevos conflictos y problemas que emergen en la sociedad, debe tenerse en cuenta la erosión de legitimidad que representa no posibilitar la discusión de estos temas.

Por otra parte, el hecho revolucionario de la paridad con el que la Presidenta inauguró la conformación de su primer equipo, con una conformación en porcentajes iguales de ministros y ministras, no se ha visto erosionado en el reciente cambio de gabinete, con una conformación de mujeres levemente inferior (9 frente a 13 hombres). Desgraciadamente ha importado menos que la paridad, en un criterio flexible, se haya en definitiva mantenido, que la percepción según la cual la paridad como uno de los sellos más indelebles se ha visto desmoronada. Al cabo de un año, el gobierno puede exhibir en materia de igualdad de género el lanzamiento de la Guía de Buenas Prácticas Laborales sobre no Discriminación en la Empresa y el instructivo presidencial sobre Código de Buenas Prácticas Laborales sobre no Discriminación en el Estado. Mientras tanto, la promesa de impulsar una ley de cuotas para las mujeres sigue esperando por razones ajenas al gobierno, pues la Presidenta Bachelet ha insistido que quiere normas que promuevan la participación política de las mujeres y ha encontrado resistencias políticas que deben ser superadas.

Asimismo, en el plano internacional las complejidades de las situaciones nacionales vecinales han tornado más difícil la opción de buscar una inserción estrecha en una América del Sur más integrada. Las dificultades de abastecimiento de gas desde Argentina, el conflicto entre Argentina y Uruguay, las tensiones internas de Bolivia y Ecuador, el hiper protagonismo venezolano, una cierta debilidad del liderazgo regional brasileño, la fuerza de las presiones nacionalistas en Perú, son otros tantos obstáculos que han hecho, hasta ahora, que el proyecto de la Comunidad Sudamericana de Naciones siga siendo una tarea ampliamente pendiente.

A un año de gobierno resulta evidente que la agenda efectiva se ha decantado a través de una reducción de las expectativas iniciales. Fue un gran mérito de la Presidenta y de los sectores mas avanzados de la coalición, presentes transversalmente en todos los partidos de la Concertación, haber sido capaces de definir el salto en protección social como el sello histórico del gobierno. Para un periodo corto de cuatro años, por poco que se avanzara en los otros ámbitos, producto en muchos casos de circunstancias internas imprevisibles y ajenas a la voluntad gubernamental, el establecimiento de bases sólidas para la construcción de un sistema de protección social desde la infancia hasta la vejez le permitiría a Michelle Bachelet hacer un gobierno con proyección histórica.

Esto es lo que aparece hoy día puesto en cuestión, con un escenario de un gobierno que es llevado a limitar progresivamente sus aspiraciones para concentrarse en una administración más preocupada de evitar los conflictos que de impulsar grandes transformaciones. Esta es la disyuntiva que enfrenta en la actualidad el gobierno de la Presidenta Bachelet: mejorar sus gestión corriente reduciendo al máximo los riesgos involucrados en todo proceso de transformación o producir un golpe de timón en las formas de la conducción política y las orientaciones de su política económica de modo de darle consistencia a su compromiso con la lucha contra las desigualdades y a favor de la protección social.

Los riesgos que amenazan a este gobierno no son propiamente catastróficos. No hay abiertos ni tampoco se abrirán escenarios de desestabilización que pongan en entredicho el mandato constitucional como algunos lo hicieron en los momentos mas difíciles del gobierno del Presidente Lagos. El peligro es otro. Se puede denominar de muchas maneras: renuncia, decepción, frustración, intrascendencia, resignación.

La situación actual no se puede reducir a la condición de un simple episodio, grave pero finalmente puntual. Antes bien, se trata de una situación que pone de manifiesto una tensión que no es nueva al interior de la Concertación. Una tensión que se ha arrastrado y que ha atravesado transversalmente a las administraciones concertacionistas, entre sus sectores tecnocráticos y neoliberales, que en esta oportunidad se manifestaron con particular virulencia, y los sectores políticos que sostienen el gobierno, que se reconocen en una matriz social demócrata y social cristiana, comprometidos con un proyecto de transformación del país en busca de una sociedad más justa, igualitaria e innovadora.

Dos son las cuestiones de fondo que deben ser objeto de un examen especialmente severo. Por una parte, la coherencia entre las prioridades de la agenda pública y la política económica, en particular en su dimensión fiscal. En segundo lugar, los modos de decisión y gestión política.

La fuerza del neoliberalismo

Aunque en retroceso en el mundo, el enfoque neoliberal mantiene en Chile y al interior de la Concertación una innegable influencia. No se trata por cierto de poner en tela de juicio la necesidad del rigor económico y la importancia de mantener equilibrios macroeconómicos sólidos. Eso esta completamente fuera de duda. El país tiene activos reconocidos en este campo y ha rendido satisfactoriamente múltiples exámenes. Lo propio del neoliberalismo es otra cosa: la primacía de una racionalidad puramente tecnocrática, que desconfía profundamente de lo público, que cree incluso en las soluciones únicas cuyos grandes protagonistas son el mercado y los actores privados. En este enfoque, la satisfacción de las necesidades de las personas es un resultado ex-post y no el punto de partida de las políticas públicas.

Esta es la concepción que mostró todas sus limitaciones en el caso del Transantiago.

Mientras esta lógica siga predominando, será imposible cumplir el ambicioso programa de gobierno de Michelle Bachelet; introducir rectificaciones al actual modelo de desarrollo, enfrentar las desigualdades y avanzar en la construcción de un sistema integral de protección social como el que ha propuesto la Presidenta. El escenario que de esta forma se dibuja es uno en el cual predominan las inercias, se mantienen o incluso se agravan las desigualdades y la acción política democrática, desprovista de sustancia, continúa su camino de deslegitimización, distanciamiento y descrédito ciudadano. Es un escenario gris, lejos de las catástrofes que anuncian e incluso muchos desean en la oposición, en el cual se habrá, sin embargo, despreciado la enorme oportunidad histórica que la mayoría de los chilenos visualizó al elegir a Michelle Bachelet Presidenta de Chile.

Lo acontecido en el 2006 es en este plano revelador. Difícilmente el país conocerá otro año tan favorable en cuanto a condiciones internacionales y términos del intercambio. En vez de abrir paso a una política audaz e inteligente de inversión productiva en capital físico y capacidades humanas de los cuantiosos excedentes, se privilegió un enfoque conservador que condujo a una cuantiosa acumulación de recursos más allá de lo necesario para enfrentar prudentemente los vaivenes del ciclo económico y del precio del cobre, postergando una vez más la resolución de enormes carencias sociales y productivas.

En efecto, el gobierno generó un superávit global de US$ 11.285 millones equivalente a 7,9% del PIB. No hay registros que indiquen que algún gobierno haya tenido alguna vez un superávit semejante. Debe recordarse, además, que el superávit en 2005 ya fue de US$ 5.402 millones, equivalentes a un 4,8% del PIB. Esto ha llevado al Gobierno a disminuir sus deudas en unos US$ 1.350 millones y a crear reservas financieras que alcanzan cerca de US$ 18.000 millones, después de distribuir del orden de US$ 600 millones al Banco Central para recapitalizarlo, hacer aportes al Fondo de Reserva de Pensiones por US$ 605 millones, y amortizar bonos de reconocimiento por US$ 984 millones.

Sin embargo, el notable aumento de los ingresos se debe única y exclusivamente a factores ajenos a la actividad productiva nacional. El aumento de la recaudación tributaria se debe fundamentalmente al inusitado precio del cobre y el gran salto de las importaciones, principalmente de bienes de consumo. Es así como el ingreso fiscal proveniente de la minería, principalmente del cobre, aumentó en 3,7 puntos del PIB, mientras la recaudación tributaria no minera cayó en casi 2 puntos del PIB, de los cuales el IVA explica 0,6 puntos porcentuales.

El resultado final del 2006 fue un magro crecimiento del 4%, claramente mediocre en comparación con los estándares internacionales e incluso latinoamericanos, mientras continuaron acumulándose los graves problemas de calidad de la educación, la salud, la vivienda, protección del ambiente, desfinanciamiento municipal, precariedad laboral, incluso en la administración pública, y falta de una política más agresiva hacia la pequeña y mediana empresa.

La gran reforma comprometida por este gobierno es la relativa al sistema previsional. Ella ocupa un lugar estelar en la agenda de Protección Social. El proyecto propuesto a consideración del Parlamento introduce como gran novedad la construcción de un pilar solidario, elemento central de un sistema de seguridad social avanzado de caracter mixto. Sin embargo, el proyecto establece una tal gradualidad que se prolonga hasta el 2017 en la puesta en práctica del pilar solidario, es decir siete años después de haber terminado el gobierno actual. La reforma pierde así una parte importante de su impacto social y resulta por debajo de las posibilidades del país. Todo esto en virtud de consideraciones fiscales sin fundamento, en un país en donde existe la enorme acumulación de excedentes descrita. Los desembolsos presupuestarios a titulo de la previsión tenderán a disminuir fuertemente en el mediano plazo. Y mientras tanto, se insiste en mantener una regla de superávit fiscal de un 1% que a todas luces ha perdido su fundamento inicial.

Los problemas de la conducción política

Con la excepción del primer gobierno de la transición encabezado por el Presidente Aylwin, el tema de la conducción política ha sido siempre objeto de controversia. Lo fue de un modo muy acuciante al inicio del gobierno del Presidente Frei y estos déficit de conducción política acompañaron también a un periodo largo del gobierno del Presidente Lagos. A juicio de muchos, las insuficiencias de conducción política han sido, hasta el momento, la tónica del gobierno de la Presidenta Bachelet. Los sucesivos cambios de gabinete son una demostración de las dificultades que se han presentado en este plano. Sería, sin embargo, una extrema simplificación reducir el problema a una mala selección de elencos. La cuestión planteada es de una envergadura mucho mayor y tiene que ver con las formas generales del régimen político, por una parte, y con las distorsiones que en su funcionamiento se producen como consecuencia de las influencias de corte neoliberal, por la otra.

En las condiciones del actual régimen político, a la Presidenta le corresponde desempeñar, simultáneamente, tres grandes funciones: la representación del Estado con la definición de sus grandes orientaciones, la conducción contingente del gobierno y el liderazgo de la Concertación. La experiencia de los tres gobiernos anteriores muestra que ninguno de los tres presidentes ejerció simultáneamente las tres funciones. Aylwin, desde un primer momento se concentró en las grandes tareas de Estado y el liderazgo de la Concertación, delegando a sus equipos político y económico la conducción gubernamental contingente. El gobierno de Frei, luego de un inicio problemático que condujo a un rápido cambio de gabinete, optó por instalar al frente de la conducción gubernamental a un poderoso círculo de colaboradores que claramente actuaba con el respaldo presidencial. Luego de un inicio también complejo, el Presidente Lagos, que en muchos sentidos ejerció al mismo tiempo las tres funciones, asumió las dificultades de hacerlo. La entronización del ministro Insulza como un indiscutido jefe de gabinete fue la solución lógica que permitió una mejoría sustancial en la marcha del gobierno. Se hizo ahí la demostración de que es posible compatibilizar rigor económico y conducción política a la altura de las múltiples contingencias que todo gobierno debe enfrentar.

La cuestión de la conducción y el ejercicio de las tres funciones descritas no han encontrado un modo de resolución adecuado durante la actual administración. Nadie duda del talento y la prestancia con que la Presidenta ejerce en Chile y en el exterior su condición de Jefa del Estado. El debate se plantea en relación con la conducción gubernamental y el liderazgo de la Concertación.

Si la evidencia indica que ninguno de los tres presidentes anteriores pudo ejercer simultáneamente esas tres responsabilidades, no hay ninguna razón para exigir a Michelle Bachelet que ella si pueda hacerlo. Esta afirmación no tiene absolutamente nada que ver con algún tipo de prejuicio machista de los que objetivamente ha sido víctima la Presidenta. Se trata, por el contrario, de una constatación de índole estructural aplicable a cualquier presidente, independientemente de su género.

Esta observación remite a un cuestionamiento del presidencialismo excesivo que existe en Chile. En principio, si no media una delegación nítida de facultades, es la figura presidencial la que termina asumiendo muy rápida y directamente las consecuencias de todas las determinaciones que se adopten en la vasta máquina de la administración gubernamental. La reciente crisis provocada por el mal funcionamiento del Transantiago es un ejemplo de esto.

En las condiciones del siglo 21, sociedades crecientemente complejas enfrentadas a procesos de cambio tecnológico acelerado difícilmente pueden ser bien gobernadas mediante un sistema que concentra en la cabeza del Estado un cúmulo de responsabilidades que resulta agobiante, y a la postre imposible, atender adecuadamente.

Así se ha entendido, por ejemplo, en las grandes empresas en donde desde hace décadas se ha ido abandonando el esquema de dirección basado en un liderazgo individual sustituyéndolo por estructuras de dirección mas impersonales y horizontales. Así también ocurre en la abrumadora mayoría de las grandes democracias modernas. Incluso en los Estados Unidos, citado como paradigma del presidencialismo, existe un sistema con un sinnúmero de grandes contrapesos que emanan de las facultades del Congreso, la Corte Suprema y los Estados federados.

El hiperpresidencialismo chileno es un sistema arcaico y poco eficiente, cuyos fundamentos tienen mucho más que ver con los traumas del pasado que con las exigencias del presente y el futuro. Este era un diagnostico ampliamente compartido por la gran mayoría de los lideres de la Concertación hacia finales de los 80. Es perfectamente comprensible que el debate en vista a su puesta en práctica haya sido postergado mientras el General Pinochet continuaba desempeñando un rol político relevante a la cabeza de la comandancia en jefe del ejército. En las nuevas condiciones del país, todo aconseja abrir el debate sobre el régimen político e intentar rescatar los consensos que hacia finales de los 80 apuntaban a la necesidad de establecer un régimen semipresidencial.

Más allá de la voluntad de los presidentes, el presidencialismo ha jugado un papel muy negativo en el desarrollo institucional del país. El Congreso Nacional y los partidos políticos, las instituciones por excelencia de la democracia, han sido sus principales victimas.

En realidad, es imposible pensar en un mejoramiento sustantivo de la calidad de la política sin una interrogación a fondo sobre los condicionamientos estructurales que han producido su deterioro. Y a su vez, es difícil imaginar que el país pueda enfrentar con éxito las exigencias del desarrollo en un cuadro en donde las instituciones democráticas de degradan, el debate pierde espesor, priman las descalificaciones y se reducen al mínimo las posibilidades de acuerdo.

El Ministerio de Hacienda no solo establece un marco presupuestario al resto de las instituciones, lo que es evidentemente imprescindible, sino que interviene prácticamente en todas las definiciones sustantivas. En no pocos casos, la opinión de un sectorialista de Presupuesto ha primado respecto de la opinión de un Ministro.

El gran poder que radica en Hacienda y Presupuesto no siempre es sinónimo de eficiencia. Así como programas innovadores que pueden ser generadores de un gran valor agregado pueden esperar años antes de ser considerados, una vez que un determinado programa entra al sistema tiene una gran posibilidad de mantenerse indefinidamente independientemente de su desempeño. La aversión al riesgo no es un mal del cual estén exentas las autoridades económicas.

Las opiniones que emanan de estos ámbitos adquieren una gravitación inusitada. Desde su perspectiva, mucho más importante que la cohesión social de un país es su nivel de acumulación de reservas fiscales, más importante que la inversión productiva es la mantención de fondos en el exterior, que a su vez pueden dar lugar a operaciones financieras altamente rentables para los bancos e instituciones financieras en los que estos analistas se desempeñan.
Este es muy someramente descrito el mecanismo a través del cual el Ministerio de Hacienda se ha transformado en una suerte de poder dentro del poder que termina marcando con su impronta la mayoría de las iniciativas gubernamentales. Esta tendencia, digámoslo con claridad, se refiere más a la lógica de un modelo que a la persona de un ministro.

La política económica debe estar al servicio de la agenda gubernamental y no a la inversa. Esto no ocurre necesariamente así en nuestro país. Recién parecemos advertir que padecemos de un cierto subdesarrollo político, con déficit de funcionamiento y efectividad de importantes instituciones políticas. Por otra parte, todavía no tomamos conciencia de la precaria calidad de nuestra democracia.

La razón de fondo dice relación con el tremendo desequilibrio social que se ha producido en Chile y fruto del cual son las enormes injusticias y desigualdades. De alguna manera, el sobredimensionamiento del papel de Hacienda es expresivo de la enorme influencia alcanzada por el mundo empresarial.

Que los empresarios hagan grandes negocios y acumulen riquezas es propio de la economía de mercado y la globalización. Nada podría ser más poco realista que limitarse a establecer una condena ética al respecto. Pero una cosa es que sean ricos y otra bien distinta es que se transformen en todopoderosos. Es incluso comprensible que en un país como Chile, que debió enfrentar precozmente profundas reformas económicas que obligaron a una intensa competencia, el empresariado sienta que es un protagonista fundamental del proceso de desarrollo. Pero le corresponde a la sociedad, a la política, al gobierno, al Parlamento, recordarle permanentemente que no es el único actor de la vida colectiva, que sus intereses deben ser puestos en concordancia con los de otros, que junto a la utilidad privada existe también la rentabilidad social, que los países que aseguran dinamismo en el largo plazo son aquellos capaces de generar grados crecientes de integración y cohesión social. Este proceso de compatibilización de intereses es el que requiere de importantes definiciones. La puesta en práctica de una agenda de Protección Social apunta en la dirección correcta.

Decisiones importantes que se han adoptado recientemente siembran, sin embargo, dudas respecto de la consistencia de la política económica con las grandes prioridades de la agenda gubernamental.

El privilegio acordado a la acumulación financiera de excedentes invertidos en el exterior con bajas tasas de retorno, la mantención de una regla fiscal que ha perdido todo fundamento y que prácticamente ningún economista defiende, la excesiva postergación en el tiempo de los beneficios asociados a la Pensión Básica Solidaria y al Aporte Solidario en el proyecto de reforma previsional, la terminante negativa a la participación del Banco del Estado en un negocio previsional ampliamente dominado por un oligopolio que ha eliminado la competencia y la generosa franquicia tributaria que principalmente para las grandes empresas representa el proyecto sobre depreciación acelerada, dan cuenta de un cierto patrón de compartimiento, de una determinada política, que fundamenta estas aprensiones sobre la falta de congruencia de la política gubernamental entre los dichos y los hechos.

Una solución progresiva de la disyuntiva planteada requiere de rectificaciones y decisiones presidenciales trascendentes.

II. Nuestra contribución: propuestas para un nuevo impulso

Coherencia con el programa de gobierno y la naturaleza de centro izquierda de la coalición

La oposición ha entrado a una fase de confrontación aguda en todos los frentes, usando un estilo de descalificación sistemática. Su uso de los medios de comunicación afines le ha permitido crear un clima de confrontación artificial y de crítica acerba, del cual la Presidenta ha sido victima preferente. Pero la oposición equivoca el camino, porque los chilenos rechazan la lógica de la confrontación y la derecha no es creíble como alternativa para enfrentar las deficiencias que hemos reseñado, pues sigue representando a todas luces los intereses de los privilegiados y es expresión de un pasado autoritario y de una lógica social y culturalmente excluyente.

El principal desafío del gobierno es el de enfrentar a la derecha ordenando su propia coalición tras una lógica política coherente con su programa y con el proyecto de centro izquierda que encarna. Más que la apelación a la disciplina y a la lealtad de la coalición al gobierno que contribuyó a elegir, este ordenamiento y cohesión debe apoyarse en contenidos sustantivos, referidos no sólo a mecanismos eficientes de coordinación sino a espacios de deliberación política entre el gobierno, los partidos de su coalición, las bancadas parlamentarias y también el mundo social, que permitan construir consensos reales y sólidos para unir a la Concertación tras una agenda de realizaciones y contrastar a la oposición, buscando acuerdos y regulando los disensos.

Lejos de agotarse en la coyuntura o inmiscuirse en las funciones propias de la administración, estos espacios de deliberación política no deben perder de vista el mediano plazo y el proyecto político en donde tanto el programa de gobierno como las medidas para implementarlo adquieren su verdadera consistencia y coherencia. La Concertación de Partidos por la Democracia es una alianza política exitosa que no sólo ha recuperado la democracia sino que ha transformado al país en un sentido de mayor progreso y justicia social.

La elección de Michelle Bachelet inauguró un nuevo ciclo, que requiere de un nuevo pacto político, no sólo para sostener el actual gobierno y asegurar su pleno éxito sino que para proyectar a futuro a la coalición.

El actual gobierno tiene las ideas, capacidades y condiciones para cumplir el programa ofrecido al país. De lo que verdaderamente se trata es de reponer una lógica política coherente con su programa de gobierno y el proyecto político que le da sentido a su coalición. Para ello es fundamental fortalecer un equipo político dotado de un mandato claro y de todas las facultades necesarias para cumplirlo.

El programa de la candidata Michelle Bachelet fue aprobado por la Concertación y sigue constituyendo la referencia y compromiso de acción entre nosotros, así como lo son la gran mayoría de las iniciativas de su gobierno. En este contexto, parece ahora necesario visibilizar mejor y darle coherencia de conjunto a las iniciativas centrales en curso: las reformas electoral, al sistema de pensiones, a la educación y la infancia, y a favor de la probidad, entre otras.

Es necesario articular la iniciativa política más cercanamente a la idea fundacional de la Concertación: la normalización democrática es un valor en sí misma, pero se debe poner al servicio de la justicia social, de la necesidad de crecer y de avanzar hacia más participación e inclusión. Este criterio se debe expresar en el próximo período en tareas que aborden el mejoramiento de nuestra democracia, el desafío estructural del crecimiento (empleo, energía, educación y desarrollo tecnológico) y el fortalecimiento sustancial de la protección social (infancia, pensiones, salud y calidad de vida).

Una rectificación que viabilice las prioridades de la agenda del gobierno y la coalición

Ese es nuestro modelo, no el neoliberal ni su teoría del chorreo libremercadista. A estas tareas debe aplicarse prioritariamente el financiamiento adicional. Este no debe diluirse en desgravaciones tributarias que no benefician el desarrollo de Chile o, peor aún, sólo benefician a los más ricos con el pretexto de promover la inversión y que terminan en manos de la gran empresa. La inversión debe ser en promover las capacidades de la gente que vive de su trabajo remunerado o de su pequeña empresa. A ellos nos debemos, no a los grandes empresarios, que encuentran en la estabilidad jurídica y macroeconómica condiciones más que suficientes para su desenvolvimiento. Nuestra tarea es para las grandes mayorías, no para las minorías privilegiadas de siempre. Proponemos definir las siguientes prioridades.

1. Empleo y Pymes

La situación del empleo mejora, pero no es suficiente el funcionamiento espontáneo del llamado mercado de trabajo. Chile no puede desperdiciar la capacidad productiva de sus jóvenes, por lo que debe iniciarse un programa de creación de 100 mil empleos juveniles de inserción, mediante la formación y el servicio a la comunidad, sustituyendo el actual subsidio que no crea empleos. Proponemos hacer de las Pymes el gran motor de la creación de empleo y tomar medidas audaces en su apoyo, haciendo más expedito para ellas el uso de la franquicia de capacitación, renegociando sus deudas tributarias, ampliando sustancialmente su acceso al crédito en condiciones favorables para la expansión de su actividad, viabilizando su incorporación de nuevas tecnologías, apoyando con decisión su acceso preferente a las compras públicas, promoviendo con más energía su inserción en los mercados externos, favoreciendo su asociatividad, defendiéndolas de la monopolización de sus canales de comercialización.

A su vez, la enorme inestabilidad de los contratos de trabajo debe al menos compensarse con un fuerte mejoramiento del seguro de desempleo, con menos requisitos de cotización previa y extensión del período de cobertura a 8 meses, seguido de derecho a planes de inserción y capacitación para los desempleados de larga duración. Chile debe y puede avanzar a plazos breves al pleno empleo promoviendo un desarrollo inclusivo.

2. Energía

La situación energética del país es precaria. Es necesario asegurar su abastecimiento pensando en el largo plazo. Se requiere reforzar sustancialmente los mecanismos de ahorro de energía, con beneficios tributarios al equipamiento de vivienda antigua y nueva, edificios autovalentes y promoción de los cambios de los sistemas de iluminación pública y privada). Debe asimismo promoverse, pues la ley presentada es un avance pero no es suficiente al abarcar solo la gran generación, el uso de fuentes renovables no tradicionales (energía eólica y solar, centrales de paso, biocombustibles), junto al desarrollo del gas natural licuado en los sistemas interconectados del norte y el centro-sur. Chile tiene mucho que ganar pasando de los megaproyectos económica y ecológicamente costosos al ahorro de energía en gran escala y el uso de tecnologías que nos permitan dar un salto sustancial en la sustentabilidad del crecimiento y establecer una matriz mixta. Es urgente fortalecer, para acometer esta tarea, los órganos de planificación de largo plazo de nuestra matriz productiva y energética para lograr su diversificación.

3. Educación y desarrollo tecnológico

Apoyamos los proyectos de subvención preferencial y general de educación para establecer que la educación sea una tarea que debe ser abordada con espíritu de equidad y no sólo de supuesta eficiencia que conduce a una desigualdad de acceso abismante. Es del todo evidente que los recursos públicos no deben usarse para el lucro privado a costa tanto de la pérdida de valores cívicos en la sociedad como también de la propia calidad de la educación mediante instituciones cuyo fin no es educar sino obtener una rentabilidad. Se equivocan los que sostienen que el problema de la educación chilena no es de mercantilización sino de calidad; es la mercantilización, entre otros factores, la que ha llevado a la pérdida de calidad.

Es urgente corregir la desigualdad de la educación públicamente financiada. La subvención pareja aplicada a situaciones desiguales no es equitativa, como tampoco lo son los cobros a los padres en régimen de financiamiento compartido que se autorizaron en 1993 por presión de la derecha, ni los aportes municipales que se realizan según la mayor o menor riqueza de los municipios. Todo este esquema neoliberal es el que debe ser corregido de raíz, pues ha conducido a una descomunal desigualdad educacional y a una enorme ineficiencia. Apoyamos la subvención preferencial para los más pobres y la prohibición de selección en los establecimientos preescolares y escolares con financiamiento público, con algunas excepciones de liceos de excelencia en media, en los que los alumnos con mayor rendimiento puedan beneficiarse de una educación más avanzada.

La lógica futura debe ser la de nivelar la calidad hacia arriba, con más recursos para los liceos con alumnos con más dificultades y con un incremento general del nivel de exigencia. Para hacerlo posible, se debe transitar a una gestión supracomunal (mediante nuevas entidades de derecho público) de la educación pública, con una extensión de la autonomía de los proyectos educativos y simultáneamente la facultad de la nueva autoridad de educación de intervenir los establecimientos con mala gestión. Este proceso debe acompañarse de una inmediata universalización del equipamiento en banda ancha en Internet en todos los establecimientos educacionales de Chile. A su vez, se debe crear nuevos Institutos Tecnológicos Universitarios en cada región para invertir la pirámide de recursos humanos que no forma suficientes profesionales intermedios de nivel técnico. A esto debiera sumarse desincentivos a las carreras universitarias saturadas.

Este mayor esfuerzo educativo debe hacerse en consonancia con la puesta en práctica prevista de los nuevos programas de innovación y desarrollo tecnológico. Chile tiene el inmenso desafío de usar los recursos del royalty con imaginación, articulando las universidades y empresas en la conglomeración de actividades innovadoras complementarias en las diversas partes de nuestro territorio en lo que esto es posible. Los programas de formación en el exterior deben acelerarse, así como el estímulo al aprendizaje de idiomas extranjeros.

4. Protección social

Las personas de bajos ingresos, inferiores al 60% del ingreso mediano, son en Chile un 26% de la población y más de cuatro millones de personas, de acuerdo a la encuesta CASEN 2003. Del orden de 230 mil hogares, con más de un millón de personas, pueden considerarse en situación de exclusión severa, con ingresos per cápita menores al 30% del ingreso mediano, es decir un 7% de la población.

Reducido a este segmento viene operando en Chile desde los años posteriores a 1973 y como parte del enfoque neoliberal de focalización extrema, el sistema de asignación familiar, de subsidio único familiar, de subsidio al agua potable y de pensión asistencial. Más recientemente, se estableció el programa Chile Solidario, concebido para que las familias con menores niveles de ingresos puedan “construir un puente hacia sus derechos” de un modo directo en su relación con el Estado, con un sistema de monitoreo de las situaciones familiares y de sus progresos, con flexibilidad en los instrumentos y prioridad en el acceso a los sistemas de apoyo social. Sin embargo, el bono de protección familiar que las beneficia está limitado a 24 meses y es decreciente y de escaso monto.

Una ampliación sustancial de los mecanismos de protección social que mejore la situación de los sectores mencionados probablemente supondría una simplificación de la actual gama de mecanismos de transferencia de ingresos a los más pobres y definir una política de ingreso básico garantizado con dos mecanismos fundamentales, como suele ocurrir en los países con sistemas avanzados de protección: el primero concentrado en los niños (sobre la base de una prioridad valórica, con además alta rentabilidad social) y el segundo orientado a las personas de más de 65 años para asegurarles una vejez con un mínimo de dignidad.

El primer mecanismo debiera consistir en otorgar a cada hijo de las familias de menos ingresos un subsidio a la infancia hasta que se complete la educación media, a ser percibido por la madre y con la condición de asistir a la escuela, y ser de un monto sustancialmente mayor al actual Subsidio Único Familiar, que se propone sea sustituido por este mecanismo, junto al sustancial esfuerzo en curso de incremento del sistema de cuidado infantil y educación pre-escolar, así como de la alimentación complementaria infantil. Un subsidio a la infancia de 30 mil pesos mensuales para 1,4 millón de niños de familias en situación de bajos ingresos tendría un costo anual del orden de 0,7% del producto de 2006 y constituiría un incremento de ingresos significativo para las familias con niños más carenciadas.

Un segundo criterio de homologación a las democracias sociales avanzadas debiera ser el de otorgar a los adultos mayores una pensión básica garantizada. Esto es parte sustancial de la reforma propuesta por el gobierno a fines de 2006, que ha considerado pertinente sostener la necesidad de la adopción de un sistema de pensión básica (no contributiva y financiada con impuestos, aplicable a todos los residentes en el país durante el ciclo de vida activa exceptuando a los de más altos ingresos) como primer pilar solidario del sistema de pensiones, combinado con un sistema contributivo de capitalización individual reformado en tanto segundo pilar y con el sistema de complemento de ahorro voluntario con descuento tributario a la renta (cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos con empleadores, depósitos de Ahorro Previsional Voluntario) en tanto tercer pilar.

Creemos que el esfuerzo para financiar la pensión básica debiera ser mayor a lo propuesto y ponerse en práctica antes. ¿Cuántos recursos está dispuesto a comprometer el país para entregar un ingreso básico a las personas que no pudieron ahorrar para obtener una pensión digna? No hay ninguna razón para decidir que tales recursos no lleguen al menos al 1,5 % del PIB cuando el sistema esté funcionando en régimen. Se propone elevar los beneficios del sistema de pensiones solidarias (SPS) en la siguiente forma:

- establecer la pensión básica solidaria (PBS), en julio de 2008, en un monto equivalente a un 80% del ingreso mínimo líquido vigente en ese momento (entre $90.000 y $95.000: nótese que los $ 75.000 propuestos por el Consejo Asesor Presidencial julio de 2006 equivalen, en términos reales, a $ 79.600 de julio de 2008 y $ 82.000 de julio de 2009);
- fijar la pensión máxima con aporte solidario (PMAS), en julio de 2009, en un monto equivalente a 2,7 veces la PBS (mantiene la proporción entre estos dos montos propuestos por el Consejo Asesor Presidencial);
- otorgar acceso a los beneficios del sistema de pensiones solidarias (SPS), en julio de 2009, al 60% de la población de menores ingresos; y al cuarto quintil, en julio de 2013.
- integrar la bonificación por hijo a las mujeres y el subsidio a los trabajadores jóvenes a los mecanismos de la SPS. La primera debiera alcanzar un monto equivalente al 10% de la PBS y pagado junto con ésta o con el APS. El subsidio a los jóvenes debiera pagárseles en una modalidad similar a los bonos de reconocimiento.
- establecer una misma edad de jubilación para las mujeres, sean estas capaces de financiar con sus ahorros previsionales íntegramente su pensión, o así requieran de un aporte fiscal a través del sistema de pensiones solidarias. Es injusto establecer requisitos de edad distintos a las mujeres (60 años en un caso y 65 años en el otro) para adquirir derecho a pensionarse. Se puede pensar en subir a 62 años el requisito a pensionarse de todas las mujeres, pero no establecer una discriminación en perjuicio de las mujeres más pobres.
En relación al sistema contributivo de AFP, se plantean los siguientes puntos para disminuir costos, elevar tasas de reemplazo, trasparentar prácticas y aumentar cobertura:


- separar la gestión de inversiones y la administración de fondos de los otros servicios que proporcionan las AFP.
- establecer una cotización de 2% de la remuneración imponible por parte de los empleadores que iría la cuenta de cada trabajador.
- vincular la rentabilidad de los fondos de los trabajadores con las ganancias de las AFP como empresas.
- regular la designación de directores de empresas por parte de las AFP.
- asegurar la participación del BancoEstado en el sistema.
- establecer un límite máximo al cobro de comisiones por administración que cobran las AFP actualmente. Hoy las AFP cobran por este concepto aproximadamente un 22% de la cotización mensual del trabajador, y se debe limitar este cobro a un 10%.

5. Salud

El sistema de salud se encuentra en curso de reforma. Las patologías incorporadas progresivamente al Plan Auge cubren ya una proporción alta de los problemas más graves de la población (56 y van a llegar a ser 80 a fin de este gobierno), es decir garantías crecientes en el marco de un acceso universal. Sin embargo, la reforma debe profundizarse y no perder dinamismo.

El desafío del fondo de compensación de riesgos se mantiene a propósito de la búsqueda de una mayor solidarización de los recursos. El sistema de salud ISAPRE sigue descremando el sistema. El sistema ISAPRE sigue echando a las patologías más caras y a la gente de mayor edad al sistema público. Junto a someterse a un fondo de compensación de riesgos, las ISAPRES deben tener planes de largo plazo y mayores límites en el copago, para de ese modo establecer incentivos apropiados a la realización de medicina preventiva.

Otro pilar indispensable es mantener y ahondar acciones colectivas que vayan a impactar en los factores de riesgo para poder controlar el incremento de la demanda futura, lo que requiere ir fortaleciendo los planes de salud pública, el control sobre el medioambiente, sobre las aguas, sobre los factores condicionantes culturales y sociales que dan lugar a las inequidades en el acceso a la salud y de ese modo asegurar la protección social en salud. La promoción de conductas saludables en las escuelas debe adquirir una prioridad cada vez mayor.

Esto no va a ser posible si no somos capaces de seguir fortaleciendo redes de atención, especialmente la red pública basada en una atención primaria de capacidad resolutiva creciente que asegure en toda la extensión de nuestro país la posibilidad de mejores condiciones de salud. Es necesario enfatizar cada vez más la prioridad de la salud preventiva y el mejoramiento sistemático del nivel primario de salud. Proponemos mantener un plan reforzado de construcción de consultorios, Sapus y Centros de Referencia, incrementando la capacidad resolutiva de la salud primaria.

Se debe ampliar el per cápita de atención primaria y avanzar a un sistema de atención primaria que dignifique la vida, que tenga un concepto territorial en el que las personas puedan crecientemente resolver sus problemas de salud cerca de su hogar. Hoy día la atención primaria es una medicina para pobres en la mayoría de las comunas pobres. Se debe volver a tener especialistas básicos de atención primaria. y si además los médicos de atención primaria y del sistema hospitalario fueran de la misma carrera, podríamos tener una tremenda mejoría.

La evaluación de desempeño y de calidad de servicio en salud debe hacerla la gente, usando las nuevas tecnologías de la información.

6. Descentralización

Si la acción política ha perdido crecientemente su prestigio, debemos aceptar el desafío de transferir poder desde el nivel central a las regiones y comunas. Apoyamos lo propuesto por la presidenta Bachelet de elegir en octubre del 2008 a los consejeros regionales junto a los alcaldes y concejales. ¿Por qué no pensar en crear autoridades metropolitanas en las regiones que lo requieren (al menos la Región Metropolitana, la 5a y la 8ª) o sistemas de alcaldía mayor y transferirles las facultades de transportes (con capacidad de crear sistemas de transporte de operación pública) y urbanismo al nivel regional y comunal. Esto supondrá incrementar el FNDR y el FCM y su capacidad redistributiva de recursos.

7. Finanzas públicas al servicio del desarrollo

Pasar a una regla de balance estructural debe ser definido a partir del presupuesto 2008, así como proponer terminar con las exenciones en el IVA y el impuesto a la renta para una reforma tributaria que asegure mayor suficiencia fiscal, con eficiencia y equidad tributaria. Es en los períodos de bonanza cuando se debe reformar la estructura tributaria con serenidad.
Es preferible en esta materia la franqueza: esto significa un Estado más grande que el que hoy en día tenemos. Debemos avanzar progresivamente a un tamaño del Estado equivalente, en proporción a la economía, al de EE.UU o Japón, es decir del orden de un 30% del PIB (recordemos que en Suecia, Alemania o Francia es del orden del 50% del PIB), para hacer viable las tareas públicas de promoción del crecimiento y el empleo, de protección social y de cuidado del ambiente. Esto requiere financiarse sin penalizar a los más débiles ni detener el crecimiento.

En Chile la desigualdad de ingresos antes de impuestos es grande. Luego de aplicar los impuestos, la desigualdad crece y los gastos totales del Estado, necesarios por lo demás, no se concentran en los más pobres sino en algunas áreas, por lo que hasta hoy no corrigen suficientemente las desigualdades.

Por eso no es un capricho mejorar sustancialmente la tributación al uso de nuestros recursos naturales. La actividad minera en 2005 y 2006, dado el muy alto precio del cobre y el molibdeno, ha tenido utilidades superiores a la suma de la inversión privada desde que esta se reautorizó en Chile después de la nacionalización. Los chilenos estamos regalando a transnacionales del área inmensos dividendos que provienen de un recurso natural cuyo precio pasa por un ciclo alto. El royalty que se aprobó con dificultad sólo revertirá sobre los chilenos una mínima parte de esta bonanza, que irá a parar a los bolsillos de los accionistas de las transnacionales mineras. El royalty a aplicar en Chile debe incrementar su tasa progresivamente en función de los precios que obtenga el metal.

Otra fuente de ingresos para financiar un Estado social significativo en Chile es aumentar la capacidad de lucha contra la evasión tributaria y la eliminación de franquicias en el impuesto a la renta, que es un impuesto progresivo, franquicias que sólo en pocos casos tienen justificación. Con fines recaudatorios y asignativos, se debe establecer además que las empresas tributen una parte de sus utilidades, lo que hoy día no ocurre, habida cuenta de la renta tecnológica colectiva que estas se apropian, y que legítimamente debe ser revertida a un uso socialmente establecido. Es necesario desvincular progresivamente el impuesto a las utilidades de las empresas del impuesto a la renta (como es el caso en EE.UU., por ejemplo), manteniendo un mecanismo de descuento de los gastos en capacitación laboral, en investigación y desarrollo tecnológico y en producción limpia, que tendría la virtud de estimular la inversión en estas áreas, que muy pocas empresas realizan hoy en la magnitud necesaria para los nuevos desafíos de incremento de la competitividad que la integración en la economía global hace indispensables.
III. La concertación y el futuro
La Concertación, para continuar existiendo como la fuerza mayoritaria debe asumir que se ha abierto un nuevo ciclo político, enteramente distinto, con nuevos desafíos y nuevas demandas de la ciudadanía. Grandes cambios y transformaciones ha experimentado Chile en estos últimos 17 años. Este es un país que tiene poco que ver con el que recibimos en 1990.

Luego de tres gobiernos concertacionistas Chile es un país más desarrollado que ha más que duplicado su ingreso per cápita y ha mejorado todos y cada uno de sus índices sociales. Y si bien los ricos son más ricos y se ha agudizado un proceso de concentración de la riqueza, los pobres son menos pobres. Pese a estos notables avances en materia de crecimiento y los notables avances sociales, el país enfrenta el tema de una muy desigual distribución del ingreso y los frutos del crecimiento, generando fuertes tensiones sociales que bien pueden agravarse sino se enfrenta resueltamente el problema.

Chile cuenta hoy día con una ciudadanía más informada y demandante. Chile es hoy día un país más liberal en los temas valóricos que lo que expresan los medios de comunicación, en donde el fenómeno de corrupción no es sistémico como en muchos otros países, aunque se debe reforzar la lucha contra este flagelo y apoyar la agenda de probidad de la Presidenta Bachelet, y en donde la seguridad ciudadana se mantiene en niveles razonables.

Este es el nuevo Chile de los albores del siglo 21. Un Chile desafiante y lleno de promesas de futuro. Los partidos, tanto de gobierno como de oposición estamos confrontados a interpretar y conducir este nuevo Chile con sus anhelos de progreso y transformación, de mayor cercanía entre la política y los ciudadanos, con mayores grados de participación a través de nuevos derechos ciudadanos y con mayor protección social mediante un desarrollo verdaderamente inclusivo.

La alianza de centro izquierda que ha gobernado en estos años y que representa a la mayoría del país es el único sector político capaz de asumir estos nuevos desafíos. La derecha aún es prisionera de su pasado y su credo se reduce a la fe casi inconmovible en las virtudes del mercado y de la ley del más fuerte, sin propuestas reales para enfrentar los tremendos desafíos de futuro.

Pero nuestra opción no puede estar simplemente basada en la incompetencia de nuestros oponentes.

La Concertación tiene mucho por hacer si quiere continuar representado a la mayoría nacional. Luego de 17 años de gobierno necesitamos perfilar con más nitidez nuestra opción por el cambio y la transformación estructural. No podemos ser una coalición simplemente administradora de un estado de cosas, que con razón, una gran mayoría percibe como injusto.

Asimismo la Concertación tiene que renovar sus partidos que, reconozcámoslo se nos han ido quedando atrás. Tiene que resolver la paradoja que encierra el hecho de haber creado un nuevo Chile y experimentar al mismo tiempo serias dificultades para continuar representándolo. La Concertación debe abrirse a las nuevas realidades asumiendo la diversidad que existe en la sociedad y que se expresa también en su propio seno. Su diversidad en algunos ámbitos no puede ser un problema. Es, por el contrario, parte de su riqueza. La Concertación no puede ser una camisa de fuerza para ninguno de sus componentes. A estas alturas es claro que una Concertación consumida en la administración del poder, sin ideas nuevas para enfrentar los nuevos desafíos aparece condenada. La Concertación no puede vivir de la nostalgia de los éxitos del pasado ni constituir tampoco una instancia puramente transmisora de las decisiones gubernamentales.

De la misma manera que todo lo que se ha venido realizando durante los últimos 20 años es el producto de un intenso debate y una profunda reflexión que produjo cambios sustantivos en el paisaje político - cultural del país, se requiere en la actualidad, de una acumulación político – intelectual de una intensidad semejante. De ahí la importancia de estimular la discusión, de no coartar los debates, de situarse a la vanguardia de las nuevas inquietudes, de ser intransigentes en la denuncia y la lucha en contra de los abusos y los privilegios.

La Concertación tiene una deuda con el país y con la comunidad internacional que observa con admiración los logros de estos quince años y que lleva a muchos de hablar del “milagro chileno”. No son pocos en nuestro país que buscan presentar la experiencia chilena como la simple administración del legado del régimen militar, intentando ocultar el enorme costo social y la represión política que encierra la “obra” de Augusto Pinochet. Otros pretenden presentar nuestra propia experiencia como “modélica” para ser imitada por otros países y realidades y sin el rigor suficiente para analizar los claroscuros de nuestro propio proceso y el tipo de sociedad que emerge tras estos 16 años.

Como coalición en el poder, que aspira a proyectarse a futuro tenemos el deber de hacer un balance de los inmensos logros de estos años, como también acerca de nuestros errores e insuficiencias, no para reeditar una absurda e intranscendente polémica entre auto complacientes y auto flagelantes, sino para construir un relato comprensivo que le de un sentido a las transformaciones que hemos impulsado desde el poder y nos permita identificar los nuevos desafíos que se le presentan al país de cara al futuro.

Pensar el Chile de los próximas décadas sin cortapisas ni autocensuras es la condición primera que debe cumplir la Concertación si quiere proyectarse como fuerza constructora de futuro y no como simple administradora o reproductora del poder y dique en contra de una derecha, a la que con razones muy poderosas, la ciudadanía no ha querido en los últimos 50 años, confiarle el gobierno de la Nación.

Pero los diques no son eternos, los vetos no son vitalicios. La Concertación no puede contentarse con mantener a la mayoría ciudadana como rehén. En algún momento la ciudadanía, si no tiene argumentos y propuestas de futuro, se rebelará e instalará a la derecha en el poder.

Esto es lo que hoy día se está jugando. Un factor clave, será sin duda, el desempeño del gobierno. Si este logra recomponerse y saca adelante su agenda, hará una contribución sustantiva a la proyección de la Concertación. Si por el contrario, no es capaz de hacer converger su política económica con su agenda global, hará muy difícil, por no decir imposible, la continuidad de la Concertación en el gobierno.

El éxito del gobierno es condición necesaria pero no suficiente. Las elecciones son siempre batallas por el futuro y para ganarlas es preciso contar con buenos argumentos.

Ha llegado la hora de renovar el pacto político fundante de la alianza de centro izquierda que logro recuperar la democracia, rectificar el modelo de desarrollo, avanzar sustantivamente en materia de verdad, justicia y reparación en materia de derechos humanos e implementar activas políticas de inclusión y protección social. Hoy, de lo que se trata es de hacer un balance riguroso no sólo de los avances, errores e insuficiencias en materia económica o social, también en el plano de las libertades y derechos ciudadanos, sino acerca del sentido de estos cambios y los vertiginosos cambios acaecidos en el mundo, sino también y muy principalmente acerca de lo que le proponemos al país como proyecto político de largo aliento, que trasciende los marcos del actual programa y mandato del actual gobierno para reponer una perspectiva de transformaciones que permita terminar con las exclusiones para perfeccionar y profundizar nuestra democracia con mas participación, descentralización y poder para los ciudadanos, en donde la legitimidad de la política tiene una importancia capital; rectificar el actual modelo de desarrollo por un proceso de desarrollo inclusivo, que enfrenta las extremas desigualdades y distribuya de manera más equitativa el poder en la sociedad. Una versión del llamado Estado de bienestar adaptada a nuestra propia realidad, sin los condicionamientos extremos que nos impone la actual carga fiscal, es un desafío insoslayable para una coalición de centro izquierda que busca conjugar la libertad y mayor igualdad.

Este es un debate urgente e indispensable no sólo para suscribir un nuevo pacto político de una coalición que legítimamente aspira a proyectarse en el futuro sino para fijar un norte u orientación en donde cobre su verdadero sentido no sólo el actual programa de gobierno sino el accionar de la propia coalición en el poder.

No existe en el gobierno un organismo que asuma la responsabilidad de pensar el futuro, más allá de los límites de su mandato. Tampoco los partidos políticos el parlamento o los centros de pensamiento vinculados a la Concertación asumen con demasiado rigor, interactividad y espíritu de cooperación esta responsabilidad insoslayable.

Las ideologías, entendidas como sistema completo y acabado de pensamiento han dado paso a visiones muchos más instrumentales y ajustadas a los nuevos tiempos acerca del rol de los partidos políticos en democracia, como portadores de un proyecto político, entendiendo por tal un conjunto de objetivos, propuestas y orientaciones, mediante el cual un partido o una coalición política propone un rumbo por el que pretende conducir al país con el apoyo de la mayoría. Ese es el desafío que enfrenta la actual coalición de centro izquierda si aspira a proyectarse a futuro. Responder al país hacia donde queremos conducirlo en un horizonte temporal que trasciende el gobierno.

En este cuadro debe insertase la definición de los nuevos liderazgos presidenciales. Toda ambición asociada a la elaboración de nuevas propuestas contribuye a abrir nuevos horizontes. Por el contrario, en las condiciones de hoy día una ambición sin ideas, esencialmente continuista, tiene algo de obsceno.

¿Qué hacer hoy día? Proponemos convocar a un debate muy amplio y participativo en el que participen no sólo los partidos políticos, sus bancadas parlamentarias, los centros de estudio y pensamiento o los liderazgos presidenciables sino la propia comunidad organizada, los líderes de opinión, los dirigentes sociales, estudiantes, trabajadores, las llamadas minorías, los grupos ambientalistas, los jóvenes y mujeres, en un proceso sistemático no sólo buscando elaborar un nuevo programa de gobierno sino un nuevo proyecto político para Chile en torno al cual renovar un pacto político que de sentido a la proyección de la Concertación.