Patricio Navia
Capital, #211, agosto 24, 2007
De no mediar una reforma al sistema de inscripción electoral, las presidenciales de 2009 tendrán la participación más baja de los últimos 50 años. Por eso, independientemente del debate sobre la obligatoriedad del voto, el Estado debería automatizar el sistema de inscripción o al menos modernizarlo.
Desde comienzos del siglo XX, la participación electoral aumentó sostenidamente en Chile. Para la elección presidencial de 1920, participó un 9,1% de la población en edad de votar (PEV). En 1942 ya votó un 17,4%. Después de que las mujeres adquirieron el derecho a voto en 1949, la participación alcanzó a un 29,1% en las presidenciales de 1952. Para la elección de Alessandri en 1958, llegó al 33,8%. La contienda presidencial de 1964 atrajo a un 61,6% de la PEV. En la presidencial de 1970, participó un 56,2%. Y en las parlamentarias de marzo de 1973, un 69,1%. Después que el plebiscito de 1988 convocara a un 90% de la PEV, la participación electoral ha mostrado una tendencia sostenida a la baja. Si bien la participación sigue siendo alta respecto al padrón (88% en las presidenciales de 2005), muchos chilenos no están inscritos en el padrón.
El número de inscritos se ha mantenido estable desde el retorno de la democracia. En 1993, había poco más de 8 millones de empadronados. Ya que había una PEV de 9 millones, el padrón incorporaba al 90% de la población con derecho a voto. En 2005, había 8,2 millones de inscritos y una PEV de 10,6 millones, por lo que el padrón incorporaba sólo al 77% del universo. Lo más probable es que pocos chilenos se inscriban para votar entre ahora y 2009, por lo que el padrón electoral probablemente sólo llegue a unos 8,5 millones de electores. Pero, de acuerdo a las estimaciones del INE, habrá 12,1 millones de chilenos mayores de 18 años en 2010. Esto quiere decir que, para el bicentenario, uno de cada tres chilenos en edad de votar no estará inscrito en el padrón.
Si adicionalmente consideramos que la abstención alcanza a poco más de 10% de los inscritos y que un 7% de los que participan anulan o dejan su voto en blanco, podemos anticipar que aproximadamente un 40% de todos los chilenos en edad de votar se habrá marginado de los próximos comicios. Ya sea porque no se inscriben, porque estando inscritos no votan o porque anulan o dejan en blanco su voto, dos de cada cinco chilenos no votará en 2009. Quien quiera gane, habrá llegado a La Moneda con el apoyo de un 25-30% de la población en edad de votar.
Chile tiene un peculiar padrón electoral. La votación es obligatoria para los inscritos. Pero inscribirse es opcional (y cuando uno se inscribe, ya no se puede salir más). Como la mayoría de aquellos en edad de votar en 1988 se inscribieron, casi todos los mayores de 40 años estarán inscritos en 2009. Los que cumplieron 18 después del plebiscito tienen tasas de inscripción mucho más bajas. Una mayoría de ellos no está empadronada. Para poder inscribirse, hay que viajar, literalmente, al siglo XIX. El mal financiado Servicio Electoral no posee ni la tecnología ni la facultad legal para modernizarse. Es mucho más difícil inscribirse para votar que hacer la declaración de impuestos. Como si eso fuera poco, el padrón se cierra 90 días antes de la elección. Cuando la gente recién empieza a poner atención a las campañas, ya no hay posibilidad de inscribirse.
La Concertación sabe que este padrón truncado les beneficia. Mientras el grueso del electorado todavía esté marcado por el plebiscito de 1988, la Concertación podrá seguir gozando de supremacía electoral. Por eso, cada vez que alguien sugiere actualizar el sistema de inscripción, los concertacionistas transforman una propuesta de modernización del Estado en un debate moral sobre la obligatoriedad del voto. Incomprensiblemente, la Alianza tampoco parece interesada en contribuir a dejar atrás el efecto plebiscito de Pinochet. Si bien la Alianza hace grandes esfuerzos por renovarse, el mercado de votos donde no tiene desventaja frente a la Concertación no es parte del universo electoral. La mayoría de los menores de 35 años, mucho menos marcados por el complejo legado de la dictadura, presumiblemente estarían más dispuestos a votar por la Alianza. Pero ni siquiera están inscritos.
Nada de esto es nuevo. En noviembre de 2002 en una columna en Capital alegué que uno de cada cinco chilenos no estaba inscrito. Hoy es uno de cada tres. Mientras seguimos enfrascados en debates teóricos sobre la obligatoriedad del voto, se debilita el sufragio universal y, por consiguiente, se erosiona la principal base de la democracia representativa.
