Concertación: Las disyuntivas de los desafíos

Como en los viejos tiempos, nuevamente circulan aires de discusión, debate e intercambio de ideas entre quienes conforman la Concertación de Partidos por la Democracia. Algunos documentos han abierto un espacio de reflexión y de discusión muy necesario y saludable para el futuro de la coalición y del país.

Los documentos que circulan dan cuenta fundamentalmente de una crisis de sentidos en la Concertación y no sólo respecto de la administración del poder, de cómo gobernar el país o dónde situar las prioridades. Por lo mismo, el debate actual presenta alcances políticos de la mayor trascendencia para los partidos, sus militantes y la ciudadanía que la ha respaldado en los últimos años.

En toda su existencia, la Concertación ha experimentado distintos momentos de crisis, generando procesos de inflexión política entre sus miembros y dirigentes, logrando salir bastante fortalecida y con nuevos bríos para enfrentar y ganar las sucesivas elecciones populares que desde 1989 se han realizado en el país. Sin embargo, la crisis actual es claramente diferente e involucra cuestiones sustantivas relacionadas con su razón de ser.

Con los resultados de la elección parlamentaria de 1997 apareció con fuerza al interior de la coalición de gobierno un debate que luego fue cristalizando en dos grandes tendencias que comenzaron a ser denominados por los analistas como los autocomplacientes y los autoflagelantes. Los votos que en aquella oportunidad perdió la Concertación generó un interesante debate que luego reapareció con nuevo vigor en 1999, cuando Ricardo Lagos no logra ganar en primera vuelta y se ve obligado a inaugurar en Chile el sistema de segunda vuelta.

Una década ha transcurrido desde 1997. Una década en que el debate de las ideas ha sido inconstante y cuyo precario ejercicio ha configurado lo que algunos han llamado las dos almas de la Concertación. Una coalición política en cuyo núcleo de ideas habitan tanto posturas liberales como progresistas; es decir, de quienes están por ampliar las influencias del mercado sobre la política y de quienes están por devolverle al Estado un rol más protagónico en el desarrollo y progreso del país.

El liderazgo presidencial de Ricardo Lagos contribuyó a que al interior de la Concertación se consolidaran estilos de conducción partidaria y de decisión política que han favorecido el surgimiento de conductas que terminan por “rechazar, excluir o descalificar” a quienes tienen posturas distintas o discrepantes respecto de las oficiales. Es más, tal fenómeno ha traído consigo el aumento de los liderazgos políticos discrepantes del oficialismo partidario y/o gubernamental, al interior de los partidos coaligados. Estos liderazgos suelen ser rápidamente estigmatizados por las autoridades oficiales o los medios de comunicación con calificativos como “díscolos”, o incluso llegando algunos a hacer analogías con personajes políticos de otros momentos históricos.

La descalificación o el analogismo estigmatizante, hasta ahora, ha logrado invisibilizar un debate que es más de fondo y que responde a cuestiones sustantivas de la razón de ser de la Concertación. Ha operado una forma psicológicamente agresiva para descalificar al que piensa diferente y al que intenta recuperar para la política un ejercicio que le es propio.

Los partidos políticos, y sus militancias, han perdido paulatinamente el rol que les es más propio: formular ideas, generar debates políticos, intercambiar posiciones y promover en forma permanente procesos políticos colectivos y participativos para la elaboración de propuestas y para la toma de decisiones.

Es verdad que en los tiempos actuales la política se ha profesionalizado y que al mismo tiempo se requiere en forma creciente de profesionales de la política para dirigir un partido o para gobernar un país, sin embargo nada justifica que los proyectos históricos, que las definiciones políticas coyunturales y que los programas de gobierno, entre otros, sean elaborados sin la participación de la militancia y al margen de las estructuras partidarias.

Revitalizar los partidos políticos, recuperar la masa crítica de sus militantes y generar espacios regulares de participación en las estructuras partidarias y sociales no debe ser entendido como eventual fuente de inestabilidad o de ingobernabilidad para el país. Muy por el contrario, contribuiría a la cohesión social, a la profundización de la institucionalidad política, a mejorar la calidad de la democracia y a redefinir los márgenes de la participación de la ciudadanía en Chile.

De no producirse cambios significativos a nivel de clase política y en la forma en que ésta desarrolla la actividad, el consenso político ya no será la construcción de mayorías ni la necesaria concurrencia de las partes para la elaboración participativa de las soluciones, más bien se transformará en la imposición de posturas con un fuerte componente pragmático por sobre visiones construidas a partir del intercambio y de la confrontación de ideas. En otras palabras, la política progresivamente vaciada de su sentido y de su contenido más significativo.

Está claro que la diferencia entre el actual debate político al interior de la coalición de gobierno y los anteriores radica en algo muy sustancial. Lo que hoy está en juego es el sentido, la razón de ser y la identidad de la Concertación. Por lo mismo es sano y necesario el debate abierto, sin prejuicios y complejos. La pasión y la vehemencia puesta en los documentos en circulación habla del buen estado de salud de la coalición. Siempre va a ser mejor debatir que reprimir.

Un ejemplo concreto lo encontramos en el programa de gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet. Es el programa de gobierno socialmente más avanzado de todos los que ha presentado la Concertación a Chile. Sin embargo, a los ojos de los ciudadanos no es del todo viable cuando su implementación debe hacerse en el contexto de un modelo institucional, económico, social y cultural que opera con lógicas claramente de inspiración neoliberal.

En consecuencia, el debate que se ha generado en las últimas semanas en algunos grupos al interior de la Concertación debe centrarse fundamentalmente en la necesidad de cambiar el modelo neoliberal y de construir un proyecto de refundación democrática para Chile. En mi opinión, esa es la verdadera disyuntiva y el mayor de los desafíos.

por Patricio Bustos Pizarro
Publicado en el diario electrónico http://www.elclarin.cl/

La censura a la censura

Diario Reforma de Mexico

Jorge G. Castañeda

El escándalo de RCTV en Venezuela comprende varias aristas. Desde la sorprendente movilización de estudiantes en contra del cierre, hasta la tibieza de la comunidad internacional, e incluyendo la cada vez mas insólita estridencia de Hugo Chávez: hay mucha tela de dónde cortar. Limitémonos a tres facetas: lo que sucedió con el canal de televisión; la reacción de varios sectores de la sociedad mexicana; y la reacción -o ausencia de la misma- del gobierno de México.

Lo acontecido en Caracas es muy claro, y el exceso de explicaciones brindadas por ese gobierno disipa cualquier duda posible. Efectivamente un gobierno tiene el derecho de no renovar una concesión cuando ésta se vence; pero Chávez anunció desde diciembre que no iba a renovar la de RCTV por dos razones explícitas y una tácita: la complicidad de la televisora con el golpe de estado de abril de 2002, y en segundo lugar el carácter lamentable y antipatriótico de los contenidos transmitidos por la empresa; y subliminalmente, su postura crítica ante el gobierno. Las dos primeras razones caen por su propio peso y sólo sobrevive la tercera.

Suponiendo que hubiera sido delito la complicidad de RCTV con el golpe, y suponiendo que el código penal venezolano castigue ese comportamiento, se debió consignar el delito en el momento, no cinco años después y en contra de todos los cómplices, incluyendo la empresa de mi amigo Gustavo Cisneros, que en ese momento fue tan adversaria de Chávez como RCTV. Sin embargo, la licencia de Venevisión fue renovada en fast track hace un mes. La segunda razón también funciona: las demás televisoras venezolanas no son precisamente la BBC o ARTE, pero sólo RCTV fue sacada del aire. Chávez hizo exactamente lo que dijo que iba a hacer: eliminar a uno de los principales focos masivos de oposición a su socialismo del siglo XXI.

Pasando a México, para cualquiera que hubiera esperado que el advenimiento de la democracia, y la renovación generacional transformarían a la izquierda, no puede resultar más que decepcionante su postura frente al caso RCTV. El PRD, los intelectuales orgánicos y los órganos oficiales de la izquierda, o han apoyado abiertamente el cierre de la televisora, o han aceptado las explicaciones chavistas. Son pocos los integrantes de la izquierda que le pongan el cascabel al gato: se trata de un caso de libertad de expresión y de censura autoritaria. El recurso a argucias legales arbitrarias no debieran convencer a militantes o intelectuales de izquierda que las padecieron y combatieron. Sólo falta que la izquierda apruebe el encarcelamiento de los dirigentes estudiantiles del 68 por haber violado los artículos sobre disolución social. Lo que no sabemos es cómo hubiera reaccionado esta izquierda en el poder ante una oposición mediática masiva, en ocasiones irresponsable y a veces incluso incendiaria. Mejor no averiguarlo.

En cuanto el gobierno, tanto The Economist como el Financial Times, han criticado esta semana la pasividad o silencio de la comunidad internacional y regional ante la acción de Chávez. En el caso del FT citan el primer párrafo del artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana, firmada por Venezuela, contra la censura o el acotamiento de la libertad de expresión. The Economist señala que la indiferencia de los vecinos regionales de Chávez sólo podrá alentar al propio Chávez y a sus correligionarios de otros países para perseverar por este camino.

Desgraciadamente, la censura a la censura sólo provendrá de Estados Unidos, como ya sucedió anteayer en la Asamblea General de la OEA en Panamá, ya que los gobiernos de la región que debieran manifestarse de manera contundente contra esta violación a la Carta y a las Convenciones Americanas de Derechos Humanos y Políticos no lo están haciendo. El caso de México es quizá el más lamentable, ya que en teoría un gobierno compuesto por integrantes de un partido víctima de este tipo de atropellos durante más de medio siglo, debería ser el primero en alzar la voz.

Sobre todo, deberá aclarar que no se trata de un asunto interno de Venezuela. Desde hace años, México y la comunidad internacional han resuelto que las violaciones a los derechos humanos fundamentales son objeto de una normatividad internacional y rebasan el ámbito de la soberanía y del supuesto principio de no intervención. Pero es evidente que la restauración priista en materia de política exterior puede más que la tradición democrática panista. Y reconciliarse con Chávez y con Castro, para deslindarse de Fox, puede más que las convicciones panistas.