La censura a la censura

Diario Reforma de Mexico

Jorge G. Castañeda

El escándalo de RCTV en Venezuela comprende varias aristas. Desde la sorprendente movilización de estudiantes en contra del cierre, hasta la tibieza de la comunidad internacional, e incluyendo la cada vez mas insólita estridencia de Hugo Chávez: hay mucha tela de dónde cortar. Limitémonos a tres facetas: lo que sucedió con el canal de televisión; la reacción de varios sectores de la sociedad mexicana; y la reacción -o ausencia de la misma- del gobierno de México.

Lo acontecido en Caracas es muy claro, y el exceso de explicaciones brindadas por ese gobierno disipa cualquier duda posible. Efectivamente un gobierno tiene el derecho de no renovar una concesión cuando ésta se vence; pero Chávez anunció desde diciembre que no iba a renovar la de RCTV por dos razones explícitas y una tácita: la complicidad de la televisora con el golpe de estado de abril de 2002, y en segundo lugar el carácter lamentable y antipatriótico de los contenidos transmitidos por la empresa; y subliminalmente, su postura crítica ante el gobierno. Las dos primeras razones caen por su propio peso y sólo sobrevive la tercera.

Suponiendo que hubiera sido delito la complicidad de RCTV con el golpe, y suponiendo que el código penal venezolano castigue ese comportamiento, se debió consignar el delito en el momento, no cinco años después y en contra de todos los cómplices, incluyendo la empresa de mi amigo Gustavo Cisneros, que en ese momento fue tan adversaria de Chávez como RCTV. Sin embargo, la licencia de Venevisión fue renovada en fast track hace un mes. La segunda razón también funciona: las demás televisoras venezolanas no son precisamente la BBC o ARTE, pero sólo RCTV fue sacada del aire. Chávez hizo exactamente lo que dijo que iba a hacer: eliminar a uno de los principales focos masivos de oposición a su socialismo del siglo XXI.

Pasando a México, para cualquiera que hubiera esperado que el advenimiento de la democracia, y la renovación generacional transformarían a la izquierda, no puede resultar más que decepcionante su postura frente al caso RCTV. El PRD, los intelectuales orgánicos y los órganos oficiales de la izquierda, o han apoyado abiertamente el cierre de la televisora, o han aceptado las explicaciones chavistas. Son pocos los integrantes de la izquierda que le pongan el cascabel al gato: se trata de un caso de libertad de expresión y de censura autoritaria. El recurso a argucias legales arbitrarias no debieran convencer a militantes o intelectuales de izquierda que las padecieron y combatieron. Sólo falta que la izquierda apruebe el encarcelamiento de los dirigentes estudiantiles del 68 por haber violado los artículos sobre disolución social. Lo que no sabemos es cómo hubiera reaccionado esta izquierda en el poder ante una oposición mediática masiva, en ocasiones irresponsable y a veces incluso incendiaria. Mejor no averiguarlo.

En cuanto el gobierno, tanto The Economist como el Financial Times, han criticado esta semana la pasividad o silencio de la comunidad internacional y regional ante la acción de Chávez. En el caso del FT citan el primer párrafo del artículo 4 de la Carta Democrática Interamericana, firmada por Venezuela, contra la censura o el acotamiento de la libertad de expresión. The Economist señala que la indiferencia de los vecinos regionales de Chávez sólo podrá alentar al propio Chávez y a sus correligionarios de otros países para perseverar por este camino.

Desgraciadamente, la censura a la censura sólo provendrá de Estados Unidos, como ya sucedió anteayer en la Asamblea General de la OEA en Panamá, ya que los gobiernos de la región que debieran manifestarse de manera contundente contra esta violación a la Carta y a las Convenciones Americanas de Derechos Humanos y Políticos no lo están haciendo. El caso de México es quizá el más lamentable, ya que en teoría un gobierno compuesto por integrantes de un partido víctima de este tipo de atropellos durante más de medio siglo, debería ser el primero en alzar la voz.

Sobre todo, deberá aclarar que no se trata de un asunto interno de Venezuela. Desde hace años, México y la comunidad internacional han resuelto que las violaciones a los derechos humanos fundamentales son objeto de una normatividad internacional y rebasan el ámbito de la soberanía y del supuesto principio de no intervención. Pero es evidente que la restauración priista en materia de política exterior puede más que la tradición democrática panista. Y reconciliarse con Chávez y con Castro, para deslindarse de Fox, puede más que las convicciones panistas.