La Disyuntiva

LA DISYUNTIVA

I. Un diagnóstico necesario

Lo que revela el Transantiago

No basta con declararse consternado y decir, como se ha hecho prácticamente un lugar común, que la situación creada con la puesta en práctica del Transantiago es el momento más crítico por el que ha atravesado la Concertación en sus 17 años de gobierno. Es preciso explicar porqué se ha llegado a esta situación, identificando con rigor las razones que le confieren tanta gravedad a una situación que ha concentrado de manera prácticamente exclusiva la atención de la opinión pública.

La revolucionaria idea de cambiar radicalmente el pésimo transporte público con que contaba la capital por uno de calidad, seguro y menos contaminante, que se impuso durante la administración anterior, no estuvo exenta de polémicas y controversias, básicamente por los riesgos que implicaba reemplazar el desgastado y contaminante sistema de transporte capitalino de manera integral y radical, a través una suerte de Big Bang, como proponían sus impulsores.

Una primera decisión, que está en el origen de muchos de los problemas que ha debido enfrentar el Transantiago en su debut, dice relación con el financiamiento del transporte público en la capital, que en la mayoría de los países recibe un subsidio fiscal y que en nuestro país se ha optado por financiar exclusivamente a través de tarifas a los usuarios. Claramente eso limita el parque de buses, cuya necesidad muchos calculan por sobre los 6.000, y cuyo funcionamiento la actual tarifa no alcanza a financiar.

El diseño de recorridos, más que responder a las necesidades y demandas de los usuarios, debió ajustarse a limitaciones de orden financiero. Inicialmente contemplaba 4.600 buses, posteriormente se elevó a 5 100 (noviembre 2006) y luego a 5.600 buses (febrero 2007). Sin embargo, en sus mejores días, el Transantiago no habría logrado movilizar más de 4.400 buses, con claras dificultades y limitaciones de frecuenta y recorridos, con el agravante que faltaron los dispositivos tecnológicos que permitieran controlar su funcionamiento y las inversiones en infraestructura urbana que agilizaran el transporte colectivo de superficie.

Asociado a lo anterior, está el problema de los operadores privados, muchos de los cuales son los responsables por la mala calidad de transporte que existía en la capital. Mucho se discutió en el gobierno anterior acerca de la conveniencia de trabajar con nuevos operadores del transporte, con la exigencia de renovar íntegramente el parque de autobuses, que garantizaran confiabilidad y buen servicio pero, al final, pudo más el inmenso poder de presión de los antiguos operadores para mantenerse en el rubro, refaccionando su antiguo parque y renovando sólo los buses troncales.

Frente a las dificultades técnicas e incumplimiento del administrador financiero para hacer operativo el sistema de cobros y control de recorridos, el gobierno garantizó un retorno fijo para los operadores hasta el 10 de mayo, aunque no estaba en condiciones de fiscalizarlos, introduciendo un incentivo perverso a la operación de la flota comprometida.

Una segunda decisión estuvo asociada a los considerables costos en infraestructura vial (paraderos, estaciones de transbordos y vías segregadas) que se requería para implementar eficientemente esta verdadera revolución urbana, en donde no sólo el Ministerio de Hacienda carga con la pesada responsabilidad de no haber aportado oportunamente los recursos necesarios, sino que también el ministerio de Obras Públicas y las autoridades de Vivienda comparten diversos grados de responsabilidad por el evidente atraso en la ejecución de las obras.

El principal error político que comparten las autoridades de Hacienda y de Transporte y del cual el gobierno es solidariamente responsable, fue decidir, por razones básicamente financieras, la implementación del plan de transporte en una fecha en que era evidente que no estaban dadas las condiciones mínimas para controlar las frecuencias, ni construidas las vías segregadas, las estaciones de transbordos, los lugares de prepago y los paraderos techados, mientras aún existía un debate acerca de la cantidad de buses que se requería para su correcto funcionamiento.

Ha quedado así de manifiesto una insuficiencia mucho más de fondo, un pecado de origen, cuya comisión es particularmente grave para una coalición como la Concertación y un gobierno como el que encabeza Michelle Bachelet. Se trata de la debilidad manifestada en la defensa del concepto de servicio público (que se encuentra en entredicho por la privatización heredada de la seguridad social y de buena parte de la educación, temas de largo plazo, solo que en este caso el descontento de los usuarios se manifestó de inmediato), con la consecuente indefensión en que quedaron cientos miles de habitantes de la Región Metropolitana, todos pertenecientes a las capas menos favorecidas de la sociedad. En este sentido, el episodio no tiene precedentes y pone en cuestión un elemento central de la política chilena desde 1990: el vínculo privilegiado de la Concertación y sus partidos con los sectores populares. Los errores del Transantiago, sin duda, no sólo pasarán a engrosar manuales internacionales de estudios de caso de políticas públicas fallidas sino que debieran constituirse en un punto de inflexión en la manera de resolver los asuntos relativos a la provisión de bienes públicos por medio del recurso indiscriminado a los operadores privados en relaciones contractuales débiles y asimétricas.

Resulta en verdad imperdonable que se haya puesto en práctica una reforma que toca un aspecto tan sensible de la vida cotidiana de las personas como es el transporte, sin consulta con los interesados y a través de un sistema cuyos requerimientos pusieron por delante el negocio, la caja fiscal y la rentabilidad de los privados y no las necesidades de los usuarios y la necesaria progresividad del cambio.
A la Concertación la gente le ha perdonado muchas cosas, pero no este abandono de los sectores populares. Se requerirán muchas explicaciones, muchas disculpas y, sobre todo, muchas acciones prácticas para que esta herida pueda cicatrizar convenientemente. Si existe algo por lo que la Concertación ha luchado, es justamente por terminar con la desigualdad y lamentablemente, el Transantiago sólo dejó de manifiesto y acrecentó las desigualdades de este país.

Este reconocimiento no pone en cuestión lo logrado por los gobiernos de la Concertación en este tiempo, y que es algo de lo que podemos sentir legitimo orgullo. Si bien ésta se inició como un proyecto de reconstrucción democrática desde una dictadura, ha ido avanzando hacia un horizonte de consolidación democrática, con ampliación de las libertades, modernización económica con justicia social y lucha contra las discriminaciones. Es con la Concertación que, durante estos años, se ha avanzado además en la disminución de la pobreza, el reconocimiento y promoción de los derechos para las religiones minoritarias, para los hijos nacidos fuera del matrimonio y para los pueblos originarios. Sin embargo, sigue como una deuda pendiente avanzar en una acción más efectiva en materia de redistribución del ingreso y de consolidación de servicios públicos eficaces y dignos para atender las necesidades de las mayorías.

La impronta de la protección social y la paridad

La crisis provocada por la puesta en práctica del Transantiago se hizo más virulenta por la acción de otros elementos. No es trivial que ella haya tenido lugar bajo un gobierno que se fundamenta en una medida decisiva en su empatía y cercanía con la gente, que ha explícitamente declarado que su impronta será la protección social y que cuenta con unos excedentes presupuestarios sin precedentes en la historia económica nacional.

A fin de cuentas, es la credibilidad del salto en materia de protección social como la gran tarea de este gobierno la que ha quedado en tela de juicio. El que esto ocurra es en extremo delicado. El período de la presidenta Bachelet se inició cargado de grandes expectativas: gobierno ciudadano, paridad y fin a la histórica discriminación de las mujeres, combate a fondo a las desigualdades, cambio cultural, recambio generacional y sustitución de las antiguas elites; en fin, reinserción de Chile en América Latina.

La idea de cambio cultural aparece asociada de manera evidente al primer gobierno presidido por una mujer en Chile que, además, alentó muchas expectativas en las mujeres. El hecho de ser una mujer representa y simboliza el ingreso de los excluidos secularmente en la administración de los asuntos políticos. Por otra parte, los temas relativos a los derechos de las mujeres han sido crecientemente polémicos en el Chile postdictadura. Muy pocos dudaban que, durante el gobierno de la Presidenta Bachelet, se produciría una expansión de los derechos civiles y, sin duda, serían las mujeres las principales beneficiarias. Hoy, reina el escepticismo frente a esta posibilidad. Además de la dificultad para hacerse cargo de nuevos conflictos y problemas que emergen en la sociedad, debe tenerse en cuenta la erosión de legitimidad que representa no posibilitar la discusión de estos temas.

Por otra parte, el hecho revolucionario de la paridad con el que la Presidenta inauguró la conformación de su primer equipo, con una conformación en porcentajes iguales de ministros y ministras, no se ha visto erosionado en el reciente cambio de gabinete, con una conformación de mujeres levemente inferior (9 frente a 13 hombres). Desgraciadamente ha importado menos que la paridad, en un criterio flexible, se haya en definitiva mantenido, que la percepción según la cual la paridad como uno de los sellos más indelebles se ha visto desmoronada. Al cabo de un año, el gobierno puede exhibir en materia de igualdad de género el lanzamiento de la Guía de Buenas Prácticas Laborales sobre no Discriminación en la Empresa y el instructivo presidencial sobre Código de Buenas Prácticas Laborales sobre no Discriminación en el Estado. Mientras tanto, la promesa de impulsar una ley de cuotas para las mujeres sigue esperando por razones ajenas al gobierno, pues la Presidenta Bachelet ha insistido que quiere normas que promuevan la participación política de las mujeres y ha encontrado resistencias políticas que deben ser superadas.

Asimismo, en el plano internacional las complejidades de las situaciones nacionales vecinales han tornado más difícil la opción de buscar una inserción estrecha en una América del Sur más integrada. Las dificultades de abastecimiento de gas desde Argentina, el conflicto entre Argentina y Uruguay, las tensiones internas de Bolivia y Ecuador, el hiper protagonismo venezolano, una cierta debilidad del liderazgo regional brasileño, la fuerza de las presiones nacionalistas en Perú, son otros tantos obstáculos que han hecho, hasta ahora, que el proyecto de la Comunidad Sudamericana de Naciones siga siendo una tarea ampliamente pendiente.

A un año de gobierno resulta evidente que la agenda efectiva se ha decantado a través de una reducción de las expectativas iniciales. Fue un gran mérito de la Presidenta y de los sectores mas avanzados de la coalición, presentes transversalmente en todos los partidos de la Concertación, haber sido capaces de definir el salto en protección social como el sello histórico del gobierno. Para un periodo corto de cuatro años, por poco que se avanzara en los otros ámbitos, producto en muchos casos de circunstancias internas imprevisibles y ajenas a la voluntad gubernamental, el establecimiento de bases sólidas para la construcción de un sistema de protección social desde la infancia hasta la vejez le permitiría a Michelle Bachelet hacer un gobierno con proyección histórica.

Esto es lo que aparece hoy día puesto en cuestión, con un escenario de un gobierno que es llevado a limitar progresivamente sus aspiraciones para concentrarse en una administración más preocupada de evitar los conflictos que de impulsar grandes transformaciones. Esta es la disyuntiva que enfrenta en la actualidad el gobierno de la Presidenta Bachelet: mejorar sus gestión corriente reduciendo al máximo los riesgos involucrados en todo proceso de transformación o producir un golpe de timón en las formas de la conducción política y las orientaciones de su política económica de modo de darle consistencia a su compromiso con la lucha contra las desigualdades y a favor de la protección social.

Los riesgos que amenazan a este gobierno no son propiamente catastróficos. No hay abiertos ni tampoco se abrirán escenarios de desestabilización que pongan en entredicho el mandato constitucional como algunos lo hicieron en los momentos mas difíciles del gobierno del Presidente Lagos. El peligro es otro. Se puede denominar de muchas maneras: renuncia, decepción, frustración, intrascendencia, resignación.

La situación actual no se puede reducir a la condición de un simple episodio, grave pero finalmente puntual. Antes bien, se trata de una situación que pone de manifiesto una tensión que no es nueva al interior de la Concertación. Una tensión que se ha arrastrado y que ha atravesado transversalmente a las administraciones concertacionistas, entre sus sectores tecnocráticos y neoliberales, que en esta oportunidad se manifestaron con particular virulencia, y los sectores políticos que sostienen el gobierno, que se reconocen en una matriz social demócrata y social cristiana, comprometidos con un proyecto de transformación del país en busca de una sociedad más justa, igualitaria e innovadora.

Dos son las cuestiones de fondo que deben ser objeto de un examen especialmente severo. Por una parte, la coherencia entre las prioridades de la agenda pública y la política económica, en particular en su dimensión fiscal. En segundo lugar, los modos de decisión y gestión política.

La fuerza del neoliberalismo

Aunque en retroceso en el mundo, el enfoque neoliberal mantiene en Chile y al interior de la Concertación una innegable influencia. No se trata por cierto de poner en tela de juicio la necesidad del rigor económico y la importancia de mantener equilibrios macroeconómicos sólidos. Eso esta completamente fuera de duda. El país tiene activos reconocidos en este campo y ha rendido satisfactoriamente múltiples exámenes. Lo propio del neoliberalismo es otra cosa: la primacía de una racionalidad puramente tecnocrática, que desconfía profundamente de lo público, que cree incluso en las soluciones únicas cuyos grandes protagonistas son el mercado y los actores privados. En este enfoque, la satisfacción de las necesidades de las personas es un resultado ex-post y no el punto de partida de las políticas públicas.

Esta es la concepción que mostró todas sus limitaciones en el caso del Transantiago.

Mientras esta lógica siga predominando, será imposible cumplir el ambicioso programa de gobierno de Michelle Bachelet; introducir rectificaciones al actual modelo de desarrollo, enfrentar las desigualdades y avanzar en la construcción de un sistema integral de protección social como el que ha propuesto la Presidenta. El escenario que de esta forma se dibuja es uno en el cual predominan las inercias, se mantienen o incluso se agravan las desigualdades y la acción política democrática, desprovista de sustancia, continúa su camino de deslegitimización, distanciamiento y descrédito ciudadano. Es un escenario gris, lejos de las catástrofes que anuncian e incluso muchos desean en la oposición, en el cual se habrá, sin embargo, despreciado la enorme oportunidad histórica que la mayoría de los chilenos visualizó al elegir a Michelle Bachelet Presidenta de Chile.

Lo acontecido en el 2006 es en este plano revelador. Difícilmente el país conocerá otro año tan favorable en cuanto a condiciones internacionales y términos del intercambio. En vez de abrir paso a una política audaz e inteligente de inversión productiva en capital físico y capacidades humanas de los cuantiosos excedentes, se privilegió un enfoque conservador que condujo a una cuantiosa acumulación de recursos más allá de lo necesario para enfrentar prudentemente los vaivenes del ciclo económico y del precio del cobre, postergando una vez más la resolución de enormes carencias sociales y productivas.

En efecto, el gobierno generó un superávit global de US$ 11.285 millones equivalente a 7,9% del PIB. No hay registros que indiquen que algún gobierno haya tenido alguna vez un superávit semejante. Debe recordarse, además, que el superávit en 2005 ya fue de US$ 5.402 millones, equivalentes a un 4,8% del PIB. Esto ha llevado al Gobierno a disminuir sus deudas en unos US$ 1.350 millones y a crear reservas financieras que alcanzan cerca de US$ 18.000 millones, después de distribuir del orden de US$ 600 millones al Banco Central para recapitalizarlo, hacer aportes al Fondo de Reserva de Pensiones por US$ 605 millones, y amortizar bonos de reconocimiento por US$ 984 millones.

Sin embargo, el notable aumento de los ingresos se debe única y exclusivamente a factores ajenos a la actividad productiva nacional. El aumento de la recaudación tributaria se debe fundamentalmente al inusitado precio del cobre y el gran salto de las importaciones, principalmente de bienes de consumo. Es así como el ingreso fiscal proveniente de la minería, principalmente del cobre, aumentó en 3,7 puntos del PIB, mientras la recaudación tributaria no minera cayó en casi 2 puntos del PIB, de los cuales el IVA explica 0,6 puntos porcentuales.

El resultado final del 2006 fue un magro crecimiento del 4%, claramente mediocre en comparación con los estándares internacionales e incluso latinoamericanos, mientras continuaron acumulándose los graves problemas de calidad de la educación, la salud, la vivienda, protección del ambiente, desfinanciamiento municipal, precariedad laboral, incluso en la administración pública, y falta de una política más agresiva hacia la pequeña y mediana empresa.

La gran reforma comprometida por este gobierno es la relativa al sistema previsional. Ella ocupa un lugar estelar en la agenda de Protección Social. El proyecto propuesto a consideración del Parlamento introduce como gran novedad la construcción de un pilar solidario, elemento central de un sistema de seguridad social avanzado de caracter mixto. Sin embargo, el proyecto establece una tal gradualidad que se prolonga hasta el 2017 en la puesta en práctica del pilar solidario, es decir siete años después de haber terminado el gobierno actual. La reforma pierde así una parte importante de su impacto social y resulta por debajo de las posibilidades del país. Todo esto en virtud de consideraciones fiscales sin fundamento, en un país en donde existe la enorme acumulación de excedentes descrita. Los desembolsos presupuestarios a titulo de la previsión tenderán a disminuir fuertemente en el mediano plazo. Y mientras tanto, se insiste en mantener una regla de superávit fiscal de un 1% que a todas luces ha perdido su fundamento inicial.

Los problemas de la conducción política

Con la excepción del primer gobierno de la transición encabezado por el Presidente Aylwin, el tema de la conducción política ha sido siempre objeto de controversia. Lo fue de un modo muy acuciante al inicio del gobierno del Presidente Frei y estos déficit de conducción política acompañaron también a un periodo largo del gobierno del Presidente Lagos. A juicio de muchos, las insuficiencias de conducción política han sido, hasta el momento, la tónica del gobierno de la Presidenta Bachelet. Los sucesivos cambios de gabinete son una demostración de las dificultades que se han presentado en este plano. Sería, sin embargo, una extrema simplificación reducir el problema a una mala selección de elencos. La cuestión planteada es de una envergadura mucho mayor y tiene que ver con las formas generales del régimen político, por una parte, y con las distorsiones que en su funcionamiento se producen como consecuencia de las influencias de corte neoliberal, por la otra.

En las condiciones del actual régimen político, a la Presidenta le corresponde desempeñar, simultáneamente, tres grandes funciones: la representación del Estado con la definición de sus grandes orientaciones, la conducción contingente del gobierno y el liderazgo de la Concertación. La experiencia de los tres gobiernos anteriores muestra que ninguno de los tres presidentes ejerció simultáneamente las tres funciones. Aylwin, desde un primer momento se concentró en las grandes tareas de Estado y el liderazgo de la Concertación, delegando a sus equipos político y económico la conducción gubernamental contingente. El gobierno de Frei, luego de un inicio problemático que condujo a un rápido cambio de gabinete, optó por instalar al frente de la conducción gubernamental a un poderoso círculo de colaboradores que claramente actuaba con el respaldo presidencial. Luego de un inicio también complejo, el Presidente Lagos, que en muchos sentidos ejerció al mismo tiempo las tres funciones, asumió las dificultades de hacerlo. La entronización del ministro Insulza como un indiscutido jefe de gabinete fue la solución lógica que permitió una mejoría sustancial en la marcha del gobierno. Se hizo ahí la demostración de que es posible compatibilizar rigor económico y conducción política a la altura de las múltiples contingencias que todo gobierno debe enfrentar.

La cuestión de la conducción y el ejercicio de las tres funciones descritas no han encontrado un modo de resolución adecuado durante la actual administración. Nadie duda del talento y la prestancia con que la Presidenta ejerce en Chile y en el exterior su condición de Jefa del Estado. El debate se plantea en relación con la conducción gubernamental y el liderazgo de la Concertación.

Si la evidencia indica que ninguno de los tres presidentes anteriores pudo ejercer simultáneamente esas tres responsabilidades, no hay ninguna razón para exigir a Michelle Bachelet que ella si pueda hacerlo. Esta afirmación no tiene absolutamente nada que ver con algún tipo de prejuicio machista de los que objetivamente ha sido víctima la Presidenta. Se trata, por el contrario, de una constatación de índole estructural aplicable a cualquier presidente, independientemente de su género.

Esta observación remite a un cuestionamiento del presidencialismo excesivo que existe en Chile. En principio, si no media una delegación nítida de facultades, es la figura presidencial la que termina asumiendo muy rápida y directamente las consecuencias de todas las determinaciones que se adopten en la vasta máquina de la administración gubernamental. La reciente crisis provocada por el mal funcionamiento del Transantiago es un ejemplo de esto.

En las condiciones del siglo 21, sociedades crecientemente complejas enfrentadas a procesos de cambio tecnológico acelerado difícilmente pueden ser bien gobernadas mediante un sistema que concentra en la cabeza del Estado un cúmulo de responsabilidades que resulta agobiante, y a la postre imposible, atender adecuadamente.

Así se ha entendido, por ejemplo, en las grandes empresas en donde desde hace décadas se ha ido abandonando el esquema de dirección basado en un liderazgo individual sustituyéndolo por estructuras de dirección mas impersonales y horizontales. Así también ocurre en la abrumadora mayoría de las grandes democracias modernas. Incluso en los Estados Unidos, citado como paradigma del presidencialismo, existe un sistema con un sinnúmero de grandes contrapesos que emanan de las facultades del Congreso, la Corte Suprema y los Estados federados.

El hiperpresidencialismo chileno es un sistema arcaico y poco eficiente, cuyos fundamentos tienen mucho más que ver con los traumas del pasado que con las exigencias del presente y el futuro. Este era un diagnostico ampliamente compartido por la gran mayoría de los lideres de la Concertación hacia finales de los 80. Es perfectamente comprensible que el debate en vista a su puesta en práctica haya sido postergado mientras el General Pinochet continuaba desempeñando un rol político relevante a la cabeza de la comandancia en jefe del ejército. En las nuevas condiciones del país, todo aconseja abrir el debate sobre el régimen político e intentar rescatar los consensos que hacia finales de los 80 apuntaban a la necesidad de establecer un régimen semipresidencial.

Más allá de la voluntad de los presidentes, el presidencialismo ha jugado un papel muy negativo en el desarrollo institucional del país. El Congreso Nacional y los partidos políticos, las instituciones por excelencia de la democracia, han sido sus principales victimas.

En realidad, es imposible pensar en un mejoramiento sustantivo de la calidad de la política sin una interrogación a fondo sobre los condicionamientos estructurales que han producido su deterioro. Y a su vez, es difícil imaginar que el país pueda enfrentar con éxito las exigencias del desarrollo en un cuadro en donde las instituciones democráticas de degradan, el debate pierde espesor, priman las descalificaciones y se reducen al mínimo las posibilidades de acuerdo.

El Ministerio de Hacienda no solo establece un marco presupuestario al resto de las instituciones, lo que es evidentemente imprescindible, sino que interviene prácticamente en todas las definiciones sustantivas. En no pocos casos, la opinión de un sectorialista de Presupuesto ha primado respecto de la opinión de un Ministro.

El gran poder que radica en Hacienda y Presupuesto no siempre es sinónimo de eficiencia. Así como programas innovadores que pueden ser generadores de un gran valor agregado pueden esperar años antes de ser considerados, una vez que un determinado programa entra al sistema tiene una gran posibilidad de mantenerse indefinidamente independientemente de su desempeño. La aversión al riesgo no es un mal del cual estén exentas las autoridades económicas.

Las opiniones que emanan de estos ámbitos adquieren una gravitación inusitada. Desde su perspectiva, mucho más importante que la cohesión social de un país es su nivel de acumulación de reservas fiscales, más importante que la inversión productiva es la mantención de fondos en el exterior, que a su vez pueden dar lugar a operaciones financieras altamente rentables para los bancos e instituciones financieras en los que estos analistas se desempeñan.
Este es muy someramente descrito el mecanismo a través del cual el Ministerio de Hacienda se ha transformado en una suerte de poder dentro del poder que termina marcando con su impronta la mayoría de las iniciativas gubernamentales. Esta tendencia, digámoslo con claridad, se refiere más a la lógica de un modelo que a la persona de un ministro.

La política económica debe estar al servicio de la agenda gubernamental y no a la inversa. Esto no ocurre necesariamente así en nuestro país. Recién parecemos advertir que padecemos de un cierto subdesarrollo político, con déficit de funcionamiento y efectividad de importantes instituciones políticas. Por otra parte, todavía no tomamos conciencia de la precaria calidad de nuestra democracia.

La razón de fondo dice relación con el tremendo desequilibrio social que se ha producido en Chile y fruto del cual son las enormes injusticias y desigualdades. De alguna manera, el sobredimensionamiento del papel de Hacienda es expresivo de la enorme influencia alcanzada por el mundo empresarial.

Que los empresarios hagan grandes negocios y acumulen riquezas es propio de la economía de mercado y la globalización. Nada podría ser más poco realista que limitarse a establecer una condena ética al respecto. Pero una cosa es que sean ricos y otra bien distinta es que se transformen en todopoderosos. Es incluso comprensible que en un país como Chile, que debió enfrentar precozmente profundas reformas económicas que obligaron a una intensa competencia, el empresariado sienta que es un protagonista fundamental del proceso de desarrollo. Pero le corresponde a la sociedad, a la política, al gobierno, al Parlamento, recordarle permanentemente que no es el único actor de la vida colectiva, que sus intereses deben ser puestos en concordancia con los de otros, que junto a la utilidad privada existe también la rentabilidad social, que los países que aseguran dinamismo en el largo plazo son aquellos capaces de generar grados crecientes de integración y cohesión social. Este proceso de compatibilización de intereses es el que requiere de importantes definiciones. La puesta en práctica de una agenda de Protección Social apunta en la dirección correcta.

Decisiones importantes que se han adoptado recientemente siembran, sin embargo, dudas respecto de la consistencia de la política económica con las grandes prioridades de la agenda gubernamental.

El privilegio acordado a la acumulación financiera de excedentes invertidos en el exterior con bajas tasas de retorno, la mantención de una regla fiscal que ha perdido todo fundamento y que prácticamente ningún economista defiende, la excesiva postergación en el tiempo de los beneficios asociados a la Pensión Básica Solidaria y al Aporte Solidario en el proyecto de reforma previsional, la terminante negativa a la participación del Banco del Estado en un negocio previsional ampliamente dominado por un oligopolio que ha eliminado la competencia y la generosa franquicia tributaria que principalmente para las grandes empresas representa el proyecto sobre depreciación acelerada, dan cuenta de un cierto patrón de compartimiento, de una determinada política, que fundamenta estas aprensiones sobre la falta de congruencia de la política gubernamental entre los dichos y los hechos.

Una solución progresiva de la disyuntiva planteada requiere de rectificaciones y decisiones presidenciales trascendentes.

II. Nuestra contribución: propuestas para un nuevo impulso

Coherencia con el programa de gobierno y la naturaleza de centro izquierda de la coalición

La oposición ha entrado a una fase de confrontación aguda en todos los frentes, usando un estilo de descalificación sistemática. Su uso de los medios de comunicación afines le ha permitido crear un clima de confrontación artificial y de crítica acerba, del cual la Presidenta ha sido victima preferente. Pero la oposición equivoca el camino, porque los chilenos rechazan la lógica de la confrontación y la derecha no es creíble como alternativa para enfrentar las deficiencias que hemos reseñado, pues sigue representando a todas luces los intereses de los privilegiados y es expresión de un pasado autoritario y de una lógica social y culturalmente excluyente.

El principal desafío del gobierno es el de enfrentar a la derecha ordenando su propia coalición tras una lógica política coherente con su programa y con el proyecto de centro izquierda que encarna. Más que la apelación a la disciplina y a la lealtad de la coalición al gobierno que contribuyó a elegir, este ordenamiento y cohesión debe apoyarse en contenidos sustantivos, referidos no sólo a mecanismos eficientes de coordinación sino a espacios de deliberación política entre el gobierno, los partidos de su coalición, las bancadas parlamentarias y también el mundo social, que permitan construir consensos reales y sólidos para unir a la Concertación tras una agenda de realizaciones y contrastar a la oposición, buscando acuerdos y regulando los disensos.

Lejos de agotarse en la coyuntura o inmiscuirse en las funciones propias de la administración, estos espacios de deliberación política no deben perder de vista el mediano plazo y el proyecto político en donde tanto el programa de gobierno como las medidas para implementarlo adquieren su verdadera consistencia y coherencia. La Concertación de Partidos por la Democracia es una alianza política exitosa que no sólo ha recuperado la democracia sino que ha transformado al país en un sentido de mayor progreso y justicia social.

La elección de Michelle Bachelet inauguró un nuevo ciclo, que requiere de un nuevo pacto político, no sólo para sostener el actual gobierno y asegurar su pleno éxito sino que para proyectar a futuro a la coalición.

El actual gobierno tiene las ideas, capacidades y condiciones para cumplir el programa ofrecido al país. De lo que verdaderamente se trata es de reponer una lógica política coherente con su programa de gobierno y el proyecto político que le da sentido a su coalición. Para ello es fundamental fortalecer un equipo político dotado de un mandato claro y de todas las facultades necesarias para cumplirlo.

El programa de la candidata Michelle Bachelet fue aprobado por la Concertación y sigue constituyendo la referencia y compromiso de acción entre nosotros, así como lo son la gran mayoría de las iniciativas de su gobierno. En este contexto, parece ahora necesario visibilizar mejor y darle coherencia de conjunto a las iniciativas centrales en curso: las reformas electoral, al sistema de pensiones, a la educación y la infancia, y a favor de la probidad, entre otras.

Es necesario articular la iniciativa política más cercanamente a la idea fundacional de la Concertación: la normalización democrática es un valor en sí misma, pero se debe poner al servicio de la justicia social, de la necesidad de crecer y de avanzar hacia más participación e inclusión. Este criterio se debe expresar en el próximo período en tareas que aborden el mejoramiento de nuestra democracia, el desafío estructural del crecimiento (empleo, energía, educación y desarrollo tecnológico) y el fortalecimiento sustancial de la protección social (infancia, pensiones, salud y calidad de vida).

Una rectificación que viabilice las prioridades de la agenda del gobierno y la coalición

Ese es nuestro modelo, no el neoliberal ni su teoría del chorreo libremercadista. A estas tareas debe aplicarse prioritariamente el financiamiento adicional. Este no debe diluirse en desgravaciones tributarias que no benefician el desarrollo de Chile o, peor aún, sólo benefician a los más ricos con el pretexto de promover la inversión y que terminan en manos de la gran empresa. La inversión debe ser en promover las capacidades de la gente que vive de su trabajo remunerado o de su pequeña empresa. A ellos nos debemos, no a los grandes empresarios, que encuentran en la estabilidad jurídica y macroeconómica condiciones más que suficientes para su desenvolvimiento. Nuestra tarea es para las grandes mayorías, no para las minorías privilegiadas de siempre. Proponemos definir las siguientes prioridades.

1. Empleo y Pymes

La situación del empleo mejora, pero no es suficiente el funcionamiento espontáneo del llamado mercado de trabajo. Chile no puede desperdiciar la capacidad productiva de sus jóvenes, por lo que debe iniciarse un programa de creación de 100 mil empleos juveniles de inserción, mediante la formación y el servicio a la comunidad, sustituyendo el actual subsidio que no crea empleos. Proponemos hacer de las Pymes el gran motor de la creación de empleo y tomar medidas audaces en su apoyo, haciendo más expedito para ellas el uso de la franquicia de capacitación, renegociando sus deudas tributarias, ampliando sustancialmente su acceso al crédito en condiciones favorables para la expansión de su actividad, viabilizando su incorporación de nuevas tecnologías, apoyando con decisión su acceso preferente a las compras públicas, promoviendo con más energía su inserción en los mercados externos, favoreciendo su asociatividad, defendiéndolas de la monopolización de sus canales de comercialización.

A su vez, la enorme inestabilidad de los contratos de trabajo debe al menos compensarse con un fuerte mejoramiento del seguro de desempleo, con menos requisitos de cotización previa y extensión del período de cobertura a 8 meses, seguido de derecho a planes de inserción y capacitación para los desempleados de larga duración. Chile debe y puede avanzar a plazos breves al pleno empleo promoviendo un desarrollo inclusivo.

2. Energía

La situación energética del país es precaria. Es necesario asegurar su abastecimiento pensando en el largo plazo. Se requiere reforzar sustancialmente los mecanismos de ahorro de energía, con beneficios tributarios al equipamiento de vivienda antigua y nueva, edificios autovalentes y promoción de los cambios de los sistemas de iluminación pública y privada). Debe asimismo promoverse, pues la ley presentada es un avance pero no es suficiente al abarcar solo la gran generación, el uso de fuentes renovables no tradicionales (energía eólica y solar, centrales de paso, biocombustibles), junto al desarrollo del gas natural licuado en los sistemas interconectados del norte y el centro-sur. Chile tiene mucho que ganar pasando de los megaproyectos económica y ecológicamente costosos al ahorro de energía en gran escala y el uso de tecnologías que nos permitan dar un salto sustancial en la sustentabilidad del crecimiento y establecer una matriz mixta. Es urgente fortalecer, para acometer esta tarea, los órganos de planificación de largo plazo de nuestra matriz productiva y energética para lograr su diversificación.

3. Educación y desarrollo tecnológico

Apoyamos los proyectos de subvención preferencial y general de educación para establecer que la educación sea una tarea que debe ser abordada con espíritu de equidad y no sólo de supuesta eficiencia que conduce a una desigualdad de acceso abismante. Es del todo evidente que los recursos públicos no deben usarse para el lucro privado a costa tanto de la pérdida de valores cívicos en la sociedad como también de la propia calidad de la educación mediante instituciones cuyo fin no es educar sino obtener una rentabilidad. Se equivocan los que sostienen que el problema de la educación chilena no es de mercantilización sino de calidad; es la mercantilización, entre otros factores, la que ha llevado a la pérdida de calidad.

Es urgente corregir la desigualdad de la educación públicamente financiada. La subvención pareja aplicada a situaciones desiguales no es equitativa, como tampoco lo son los cobros a los padres en régimen de financiamiento compartido que se autorizaron en 1993 por presión de la derecha, ni los aportes municipales que se realizan según la mayor o menor riqueza de los municipios. Todo este esquema neoliberal es el que debe ser corregido de raíz, pues ha conducido a una descomunal desigualdad educacional y a una enorme ineficiencia. Apoyamos la subvención preferencial para los más pobres y la prohibición de selección en los establecimientos preescolares y escolares con financiamiento público, con algunas excepciones de liceos de excelencia en media, en los que los alumnos con mayor rendimiento puedan beneficiarse de una educación más avanzada.

La lógica futura debe ser la de nivelar la calidad hacia arriba, con más recursos para los liceos con alumnos con más dificultades y con un incremento general del nivel de exigencia. Para hacerlo posible, se debe transitar a una gestión supracomunal (mediante nuevas entidades de derecho público) de la educación pública, con una extensión de la autonomía de los proyectos educativos y simultáneamente la facultad de la nueva autoridad de educación de intervenir los establecimientos con mala gestión. Este proceso debe acompañarse de una inmediata universalización del equipamiento en banda ancha en Internet en todos los establecimientos educacionales de Chile. A su vez, se debe crear nuevos Institutos Tecnológicos Universitarios en cada región para invertir la pirámide de recursos humanos que no forma suficientes profesionales intermedios de nivel técnico. A esto debiera sumarse desincentivos a las carreras universitarias saturadas.

Este mayor esfuerzo educativo debe hacerse en consonancia con la puesta en práctica prevista de los nuevos programas de innovación y desarrollo tecnológico. Chile tiene el inmenso desafío de usar los recursos del royalty con imaginación, articulando las universidades y empresas en la conglomeración de actividades innovadoras complementarias en las diversas partes de nuestro territorio en lo que esto es posible. Los programas de formación en el exterior deben acelerarse, así como el estímulo al aprendizaje de idiomas extranjeros.

4. Protección social

Las personas de bajos ingresos, inferiores al 60% del ingreso mediano, son en Chile un 26% de la población y más de cuatro millones de personas, de acuerdo a la encuesta CASEN 2003. Del orden de 230 mil hogares, con más de un millón de personas, pueden considerarse en situación de exclusión severa, con ingresos per cápita menores al 30% del ingreso mediano, es decir un 7% de la población.

Reducido a este segmento viene operando en Chile desde los años posteriores a 1973 y como parte del enfoque neoliberal de focalización extrema, el sistema de asignación familiar, de subsidio único familiar, de subsidio al agua potable y de pensión asistencial. Más recientemente, se estableció el programa Chile Solidario, concebido para que las familias con menores niveles de ingresos puedan “construir un puente hacia sus derechos” de un modo directo en su relación con el Estado, con un sistema de monitoreo de las situaciones familiares y de sus progresos, con flexibilidad en los instrumentos y prioridad en el acceso a los sistemas de apoyo social. Sin embargo, el bono de protección familiar que las beneficia está limitado a 24 meses y es decreciente y de escaso monto.

Una ampliación sustancial de los mecanismos de protección social que mejore la situación de los sectores mencionados probablemente supondría una simplificación de la actual gama de mecanismos de transferencia de ingresos a los más pobres y definir una política de ingreso básico garantizado con dos mecanismos fundamentales, como suele ocurrir en los países con sistemas avanzados de protección: el primero concentrado en los niños (sobre la base de una prioridad valórica, con además alta rentabilidad social) y el segundo orientado a las personas de más de 65 años para asegurarles una vejez con un mínimo de dignidad.

El primer mecanismo debiera consistir en otorgar a cada hijo de las familias de menos ingresos un subsidio a la infancia hasta que se complete la educación media, a ser percibido por la madre y con la condición de asistir a la escuela, y ser de un monto sustancialmente mayor al actual Subsidio Único Familiar, que se propone sea sustituido por este mecanismo, junto al sustancial esfuerzo en curso de incremento del sistema de cuidado infantil y educación pre-escolar, así como de la alimentación complementaria infantil. Un subsidio a la infancia de 30 mil pesos mensuales para 1,4 millón de niños de familias en situación de bajos ingresos tendría un costo anual del orden de 0,7% del producto de 2006 y constituiría un incremento de ingresos significativo para las familias con niños más carenciadas.

Un segundo criterio de homologación a las democracias sociales avanzadas debiera ser el de otorgar a los adultos mayores una pensión básica garantizada. Esto es parte sustancial de la reforma propuesta por el gobierno a fines de 2006, que ha considerado pertinente sostener la necesidad de la adopción de un sistema de pensión básica (no contributiva y financiada con impuestos, aplicable a todos los residentes en el país durante el ciclo de vida activa exceptuando a los de más altos ingresos) como primer pilar solidario del sistema de pensiones, combinado con un sistema contributivo de capitalización individual reformado en tanto segundo pilar y con el sistema de complemento de ahorro voluntario con descuento tributario a la renta (cotizaciones voluntarias, depósitos convenidos con empleadores, depósitos de Ahorro Previsional Voluntario) en tanto tercer pilar.

Creemos que el esfuerzo para financiar la pensión básica debiera ser mayor a lo propuesto y ponerse en práctica antes. ¿Cuántos recursos está dispuesto a comprometer el país para entregar un ingreso básico a las personas que no pudieron ahorrar para obtener una pensión digna? No hay ninguna razón para decidir que tales recursos no lleguen al menos al 1,5 % del PIB cuando el sistema esté funcionando en régimen. Se propone elevar los beneficios del sistema de pensiones solidarias (SPS) en la siguiente forma:

- establecer la pensión básica solidaria (PBS), en julio de 2008, en un monto equivalente a un 80% del ingreso mínimo líquido vigente en ese momento (entre $90.000 y $95.000: nótese que los $ 75.000 propuestos por el Consejo Asesor Presidencial julio de 2006 equivalen, en términos reales, a $ 79.600 de julio de 2008 y $ 82.000 de julio de 2009);
- fijar la pensión máxima con aporte solidario (PMAS), en julio de 2009, en un monto equivalente a 2,7 veces la PBS (mantiene la proporción entre estos dos montos propuestos por el Consejo Asesor Presidencial);
- otorgar acceso a los beneficios del sistema de pensiones solidarias (SPS), en julio de 2009, al 60% de la población de menores ingresos; y al cuarto quintil, en julio de 2013.
- integrar la bonificación por hijo a las mujeres y el subsidio a los trabajadores jóvenes a los mecanismos de la SPS. La primera debiera alcanzar un monto equivalente al 10% de la PBS y pagado junto con ésta o con el APS. El subsidio a los jóvenes debiera pagárseles en una modalidad similar a los bonos de reconocimiento.
- establecer una misma edad de jubilación para las mujeres, sean estas capaces de financiar con sus ahorros previsionales íntegramente su pensión, o así requieran de un aporte fiscal a través del sistema de pensiones solidarias. Es injusto establecer requisitos de edad distintos a las mujeres (60 años en un caso y 65 años en el otro) para adquirir derecho a pensionarse. Se puede pensar en subir a 62 años el requisito a pensionarse de todas las mujeres, pero no establecer una discriminación en perjuicio de las mujeres más pobres.
En relación al sistema contributivo de AFP, se plantean los siguientes puntos para disminuir costos, elevar tasas de reemplazo, trasparentar prácticas y aumentar cobertura:


- separar la gestión de inversiones y la administración de fondos de los otros servicios que proporcionan las AFP.
- establecer una cotización de 2% de la remuneración imponible por parte de los empleadores que iría la cuenta de cada trabajador.
- vincular la rentabilidad de los fondos de los trabajadores con las ganancias de las AFP como empresas.
- regular la designación de directores de empresas por parte de las AFP.
- asegurar la participación del BancoEstado en el sistema.
- establecer un límite máximo al cobro de comisiones por administración que cobran las AFP actualmente. Hoy las AFP cobran por este concepto aproximadamente un 22% de la cotización mensual del trabajador, y se debe limitar este cobro a un 10%.

5. Salud

El sistema de salud se encuentra en curso de reforma. Las patologías incorporadas progresivamente al Plan Auge cubren ya una proporción alta de los problemas más graves de la población (56 y van a llegar a ser 80 a fin de este gobierno), es decir garantías crecientes en el marco de un acceso universal. Sin embargo, la reforma debe profundizarse y no perder dinamismo.

El desafío del fondo de compensación de riesgos se mantiene a propósito de la búsqueda de una mayor solidarización de los recursos. El sistema de salud ISAPRE sigue descremando el sistema. El sistema ISAPRE sigue echando a las patologías más caras y a la gente de mayor edad al sistema público. Junto a someterse a un fondo de compensación de riesgos, las ISAPRES deben tener planes de largo plazo y mayores límites en el copago, para de ese modo establecer incentivos apropiados a la realización de medicina preventiva.

Otro pilar indispensable es mantener y ahondar acciones colectivas que vayan a impactar en los factores de riesgo para poder controlar el incremento de la demanda futura, lo que requiere ir fortaleciendo los planes de salud pública, el control sobre el medioambiente, sobre las aguas, sobre los factores condicionantes culturales y sociales que dan lugar a las inequidades en el acceso a la salud y de ese modo asegurar la protección social en salud. La promoción de conductas saludables en las escuelas debe adquirir una prioridad cada vez mayor.

Esto no va a ser posible si no somos capaces de seguir fortaleciendo redes de atención, especialmente la red pública basada en una atención primaria de capacidad resolutiva creciente que asegure en toda la extensión de nuestro país la posibilidad de mejores condiciones de salud. Es necesario enfatizar cada vez más la prioridad de la salud preventiva y el mejoramiento sistemático del nivel primario de salud. Proponemos mantener un plan reforzado de construcción de consultorios, Sapus y Centros de Referencia, incrementando la capacidad resolutiva de la salud primaria.

Se debe ampliar el per cápita de atención primaria y avanzar a un sistema de atención primaria que dignifique la vida, que tenga un concepto territorial en el que las personas puedan crecientemente resolver sus problemas de salud cerca de su hogar. Hoy día la atención primaria es una medicina para pobres en la mayoría de las comunas pobres. Se debe volver a tener especialistas básicos de atención primaria. y si además los médicos de atención primaria y del sistema hospitalario fueran de la misma carrera, podríamos tener una tremenda mejoría.

La evaluación de desempeño y de calidad de servicio en salud debe hacerla la gente, usando las nuevas tecnologías de la información.

6. Descentralización

Si la acción política ha perdido crecientemente su prestigio, debemos aceptar el desafío de transferir poder desde el nivel central a las regiones y comunas. Apoyamos lo propuesto por la presidenta Bachelet de elegir en octubre del 2008 a los consejeros regionales junto a los alcaldes y concejales. ¿Por qué no pensar en crear autoridades metropolitanas en las regiones que lo requieren (al menos la Región Metropolitana, la 5a y la 8ª) o sistemas de alcaldía mayor y transferirles las facultades de transportes (con capacidad de crear sistemas de transporte de operación pública) y urbanismo al nivel regional y comunal. Esto supondrá incrementar el FNDR y el FCM y su capacidad redistributiva de recursos.

7. Finanzas públicas al servicio del desarrollo

Pasar a una regla de balance estructural debe ser definido a partir del presupuesto 2008, así como proponer terminar con las exenciones en el IVA y el impuesto a la renta para una reforma tributaria que asegure mayor suficiencia fiscal, con eficiencia y equidad tributaria. Es en los períodos de bonanza cuando se debe reformar la estructura tributaria con serenidad.
Es preferible en esta materia la franqueza: esto significa un Estado más grande que el que hoy en día tenemos. Debemos avanzar progresivamente a un tamaño del Estado equivalente, en proporción a la economía, al de EE.UU o Japón, es decir del orden de un 30% del PIB (recordemos que en Suecia, Alemania o Francia es del orden del 50% del PIB), para hacer viable las tareas públicas de promoción del crecimiento y el empleo, de protección social y de cuidado del ambiente. Esto requiere financiarse sin penalizar a los más débiles ni detener el crecimiento.

En Chile la desigualdad de ingresos antes de impuestos es grande. Luego de aplicar los impuestos, la desigualdad crece y los gastos totales del Estado, necesarios por lo demás, no se concentran en los más pobres sino en algunas áreas, por lo que hasta hoy no corrigen suficientemente las desigualdades.

Por eso no es un capricho mejorar sustancialmente la tributación al uso de nuestros recursos naturales. La actividad minera en 2005 y 2006, dado el muy alto precio del cobre y el molibdeno, ha tenido utilidades superiores a la suma de la inversión privada desde que esta se reautorizó en Chile después de la nacionalización. Los chilenos estamos regalando a transnacionales del área inmensos dividendos que provienen de un recurso natural cuyo precio pasa por un ciclo alto. El royalty que se aprobó con dificultad sólo revertirá sobre los chilenos una mínima parte de esta bonanza, que irá a parar a los bolsillos de los accionistas de las transnacionales mineras. El royalty a aplicar en Chile debe incrementar su tasa progresivamente en función de los precios que obtenga el metal.

Otra fuente de ingresos para financiar un Estado social significativo en Chile es aumentar la capacidad de lucha contra la evasión tributaria y la eliminación de franquicias en el impuesto a la renta, que es un impuesto progresivo, franquicias que sólo en pocos casos tienen justificación. Con fines recaudatorios y asignativos, se debe establecer además que las empresas tributen una parte de sus utilidades, lo que hoy día no ocurre, habida cuenta de la renta tecnológica colectiva que estas se apropian, y que legítimamente debe ser revertida a un uso socialmente establecido. Es necesario desvincular progresivamente el impuesto a las utilidades de las empresas del impuesto a la renta (como es el caso en EE.UU., por ejemplo), manteniendo un mecanismo de descuento de los gastos en capacitación laboral, en investigación y desarrollo tecnológico y en producción limpia, que tendría la virtud de estimular la inversión en estas áreas, que muy pocas empresas realizan hoy en la magnitud necesaria para los nuevos desafíos de incremento de la competitividad que la integración en la economía global hace indispensables.
III. La concertación y el futuro
La Concertación, para continuar existiendo como la fuerza mayoritaria debe asumir que se ha abierto un nuevo ciclo político, enteramente distinto, con nuevos desafíos y nuevas demandas de la ciudadanía. Grandes cambios y transformaciones ha experimentado Chile en estos últimos 17 años. Este es un país que tiene poco que ver con el que recibimos en 1990.

Luego de tres gobiernos concertacionistas Chile es un país más desarrollado que ha más que duplicado su ingreso per cápita y ha mejorado todos y cada uno de sus índices sociales. Y si bien los ricos son más ricos y se ha agudizado un proceso de concentración de la riqueza, los pobres son menos pobres. Pese a estos notables avances en materia de crecimiento y los notables avances sociales, el país enfrenta el tema de una muy desigual distribución del ingreso y los frutos del crecimiento, generando fuertes tensiones sociales que bien pueden agravarse sino se enfrenta resueltamente el problema.

Chile cuenta hoy día con una ciudadanía más informada y demandante. Chile es hoy día un país más liberal en los temas valóricos que lo que expresan los medios de comunicación, en donde el fenómeno de corrupción no es sistémico como en muchos otros países, aunque se debe reforzar la lucha contra este flagelo y apoyar la agenda de probidad de la Presidenta Bachelet, y en donde la seguridad ciudadana se mantiene en niveles razonables.

Este es el nuevo Chile de los albores del siglo 21. Un Chile desafiante y lleno de promesas de futuro. Los partidos, tanto de gobierno como de oposición estamos confrontados a interpretar y conducir este nuevo Chile con sus anhelos de progreso y transformación, de mayor cercanía entre la política y los ciudadanos, con mayores grados de participación a través de nuevos derechos ciudadanos y con mayor protección social mediante un desarrollo verdaderamente inclusivo.

La alianza de centro izquierda que ha gobernado en estos años y que representa a la mayoría del país es el único sector político capaz de asumir estos nuevos desafíos. La derecha aún es prisionera de su pasado y su credo se reduce a la fe casi inconmovible en las virtudes del mercado y de la ley del más fuerte, sin propuestas reales para enfrentar los tremendos desafíos de futuro.

Pero nuestra opción no puede estar simplemente basada en la incompetencia de nuestros oponentes.

La Concertación tiene mucho por hacer si quiere continuar representado a la mayoría nacional. Luego de 17 años de gobierno necesitamos perfilar con más nitidez nuestra opción por el cambio y la transformación estructural. No podemos ser una coalición simplemente administradora de un estado de cosas, que con razón, una gran mayoría percibe como injusto.

Asimismo la Concertación tiene que renovar sus partidos que, reconozcámoslo se nos han ido quedando atrás. Tiene que resolver la paradoja que encierra el hecho de haber creado un nuevo Chile y experimentar al mismo tiempo serias dificultades para continuar representándolo. La Concertación debe abrirse a las nuevas realidades asumiendo la diversidad que existe en la sociedad y que se expresa también en su propio seno. Su diversidad en algunos ámbitos no puede ser un problema. Es, por el contrario, parte de su riqueza. La Concertación no puede ser una camisa de fuerza para ninguno de sus componentes. A estas alturas es claro que una Concertación consumida en la administración del poder, sin ideas nuevas para enfrentar los nuevos desafíos aparece condenada. La Concertación no puede vivir de la nostalgia de los éxitos del pasado ni constituir tampoco una instancia puramente transmisora de las decisiones gubernamentales.

De la misma manera que todo lo que se ha venido realizando durante los últimos 20 años es el producto de un intenso debate y una profunda reflexión que produjo cambios sustantivos en el paisaje político - cultural del país, se requiere en la actualidad, de una acumulación político – intelectual de una intensidad semejante. De ahí la importancia de estimular la discusión, de no coartar los debates, de situarse a la vanguardia de las nuevas inquietudes, de ser intransigentes en la denuncia y la lucha en contra de los abusos y los privilegios.

La Concertación tiene una deuda con el país y con la comunidad internacional que observa con admiración los logros de estos quince años y que lleva a muchos de hablar del “milagro chileno”. No son pocos en nuestro país que buscan presentar la experiencia chilena como la simple administración del legado del régimen militar, intentando ocultar el enorme costo social y la represión política que encierra la “obra” de Augusto Pinochet. Otros pretenden presentar nuestra propia experiencia como “modélica” para ser imitada por otros países y realidades y sin el rigor suficiente para analizar los claroscuros de nuestro propio proceso y el tipo de sociedad que emerge tras estos 16 años.

Como coalición en el poder, que aspira a proyectarse a futuro tenemos el deber de hacer un balance de los inmensos logros de estos años, como también acerca de nuestros errores e insuficiencias, no para reeditar una absurda e intranscendente polémica entre auto complacientes y auto flagelantes, sino para construir un relato comprensivo que le de un sentido a las transformaciones que hemos impulsado desde el poder y nos permita identificar los nuevos desafíos que se le presentan al país de cara al futuro.

Pensar el Chile de los próximas décadas sin cortapisas ni autocensuras es la condición primera que debe cumplir la Concertación si quiere proyectarse como fuerza constructora de futuro y no como simple administradora o reproductora del poder y dique en contra de una derecha, a la que con razones muy poderosas, la ciudadanía no ha querido en los últimos 50 años, confiarle el gobierno de la Nación.

Pero los diques no son eternos, los vetos no son vitalicios. La Concertación no puede contentarse con mantener a la mayoría ciudadana como rehén. En algún momento la ciudadanía, si no tiene argumentos y propuestas de futuro, se rebelará e instalará a la derecha en el poder.

Esto es lo que hoy día se está jugando. Un factor clave, será sin duda, el desempeño del gobierno. Si este logra recomponerse y saca adelante su agenda, hará una contribución sustantiva a la proyección de la Concertación. Si por el contrario, no es capaz de hacer converger su política económica con su agenda global, hará muy difícil, por no decir imposible, la continuidad de la Concertación en el gobierno.

El éxito del gobierno es condición necesaria pero no suficiente. Las elecciones son siempre batallas por el futuro y para ganarlas es preciso contar con buenos argumentos.

Ha llegado la hora de renovar el pacto político fundante de la alianza de centro izquierda que logro recuperar la democracia, rectificar el modelo de desarrollo, avanzar sustantivamente en materia de verdad, justicia y reparación en materia de derechos humanos e implementar activas políticas de inclusión y protección social. Hoy, de lo que se trata es de hacer un balance riguroso no sólo de los avances, errores e insuficiencias en materia económica o social, también en el plano de las libertades y derechos ciudadanos, sino acerca del sentido de estos cambios y los vertiginosos cambios acaecidos en el mundo, sino también y muy principalmente acerca de lo que le proponemos al país como proyecto político de largo aliento, que trasciende los marcos del actual programa y mandato del actual gobierno para reponer una perspectiva de transformaciones que permita terminar con las exclusiones para perfeccionar y profundizar nuestra democracia con mas participación, descentralización y poder para los ciudadanos, en donde la legitimidad de la política tiene una importancia capital; rectificar el actual modelo de desarrollo por un proceso de desarrollo inclusivo, que enfrenta las extremas desigualdades y distribuya de manera más equitativa el poder en la sociedad. Una versión del llamado Estado de bienestar adaptada a nuestra propia realidad, sin los condicionamientos extremos que nos impone la actual carga fiscal, es un desafío insoslayable para una coalición de centro izquierda que busca conjugar la libertad y mayor igualdad.

Este es un debate urgente e indispensable no sólo para suscribir un nuevo pacto político de una coalición que legítimamente aspira a proyectarse en el futuro sino para fijar un norte u orientación en donde cobre su verdadero sentido no sólo el actual programa de gobierno sino el accionar de la propia coalición en el poder.

No existe en el gobierno un organismo que asuma la responsabilidad de pensar el futuro, más allá de los límites de su mandato. Tampoco los partidos políticos el parlamento o los centros de pensamiento vinculados a la Concertación asumen con demasiado rigor, interactividad y espíritu de cooperación esta responsabilidad insoslayable.

Las ideologías, entendidas como sistema completo y acabado de pensamiento han dado paso a visiones muchos más instrumentales y ajustadas a los nuevos tiempos acerca del rol de los partidos políticos en democracia, como portadores de un proyecto político, entendiendo por tal un conjunto de objetivos, propuestas y orientaciones, mediante el cual un partido o una coalición política propone un rumbo por el que pretende conducir al país con el apoyo de la mayoría. Ese es el desafío que enfrenta la actual coalición de centro izquierda si aspira a proyectarse a futuro. Responder al país hacia donde queremos conducirlo en un horizonte temporal que trasciende el gobierno.

En este cuadro debe insertase la definición de los nuevos liderazgos presidenciales. Toda ambición asociada a la elaboración de nuevas propuestas contribuye a abrir nuevos horizontes. Por el contrario, en las condiciones de hoy día una ambición sin ideas, esencialmente continuista, tiene algo de obsceno.

¿Qué hacer hoy día? Proponemos convocar a un debate muy amplio y participativo en el que participen no sólo los partidos políticos, sus bancadas parlamentarias, los centros de estudio y pensamiento o los liderazgos presidenciables sino la propia comunidad organizada, los líderes de opinión, los dirigentes sociales, estudiantes, trabajadores, las llamadas minorías, los grupos ambientalistas, los jóvenes y mujeres, en un proceso sistemático no sólo buscando elaborar un nuevo programa de gobierno sino un nuevo proyecto político para Chile en torno al cual renovar un pacto político que de sentido a la proyección de la Concertación.